"Lo más razonable sería mantener el estado de alarma"

Fundamentalmente, deberíamos aprender que las administraciones no pueden vivir al día. La pandemia ha supuesto la quiebra de la idea del Estado mínimo, porque si algo ha puesto de manifiesto es que el Estado es absolutamente imprescindible. Podremos discutir si un poco más o un poco menos, pero una base fundamental de la seguridad, la salud o la riqueza de las sociedad tiene su fundamento en un buen ejercicio de la Administración pública.

¿Qué va a pasar si se levanta el estado de alarma el 9 de mayo?

Vamos a tener problemas serios, porque lo que les queda a las comunidades autónomas es la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que es de 1986, que son cuatro artículos, y que están redactados de una manera absolutamente genérica y que, por lo tanto, da pie a los tribunales a interpretarla de una manera o de otra. Solo el estado de alarma garantiza de verdad decisiones ajustadas a Derecho a la hora de limitar derechos fundamentales.

Por tanto, debería mantenerse...

Si las circunstancias sanitarias son las que son en este momento, lo más razonable sería mantener el estado de alarma.

Cuatro meses después de ser nombrado Síndic de Greuges, llegó la pandemia. En circunstancias así, ¿no dan ganas de dejarlo todo?

Todo lo contrario. Si uno está aquí voluntariamente, tiene más ganas de trabajar y de actuar cuando la situación es más difícil.

El informe es concluyente: «La pandemia ha puesto en evidencia las graves limitaciones de las administraciones para ser eficaces cuando más las necesita la ciudadanía». ¿Qué ha fallado?

Han fallado muchas cosas y, sobre todo, seguimos teniendo una Administración pública que funciona en muchos casos con criterios decimonónicos. No haber puesto al día las administraciones en materia de selección de personal, movilidad y, por tanto, flexibilidad, y en el diseño de nuevos procedimientos es lo que ha ocasionado el colapso durante la pandemia.

Y, con la que está cayendo, ¿es optimista respecto a la posibilidad de que la modernización de la Administración se acometa ya?

Es que no hay alternativa. No podemos seguir como estamos, porque estamos abocados a una situación realmente dramática. Cuando los efectos económicos y sociales se manifiesten con toda su violencia, la respuesta de las administraciones públicas va a ser imprescindible porque, de lo contrario, se van provocar situaciones de tensión social gravísima.

¿Por qué no se ha hecho nada en ese sentido en el último año?

Este año se deberían haber abordado algunas medidas, pero, probablemente, por la precipitación y la urgencia no se han abordado. Por ejemplo, nosotros hablamos en la memoria de ayudas de emergencia a la vivienda que se tramitan con arreglo al procedimiento administrativo ordinario. Eso no es posible. Una queja concreta que se nos presentaba es la de una persona que solicitó en julio la ayuda y en noviembre aún no se había resuelto.

¿Falta voluntad política?

Si algo ha puesto de manifiesto la pandemia, es que lo que sobra es voluntarismo por parte de las administraciones públicas, y lo que falta es consciencia de las limitaciones del aparato administrativo. En muchos casos, los políticos creen que adoptando una decisión ya se ha resuelto el problema, cuando adoptar una decisión sólo es el primer paso. Si luego el aparato administrativo no es capaz de llevar a efecto la decisión política, no hemos hecho nada.

La tramitación de ayudas siempre ha sido complicada, pero ahora se ha puesto más en evidencia. Usted mismo ha llegado a decir que no siempre llegan a quienes más las necesitan sino a quienes saben cómo encontrarlas...

Eso resulta inconcebible. La Administración debería en estos momentos dedicar un esfuerzo importante a la simplificación de procesos exclusivamente. Lo que ocurre es que se funciona un poco por inercia. ¿Tenemos que otorgar una ayuda? Hay que pedir el DNI, que lo tiene la Administración; el certificado de empadronamiento, que lo tiene la Administración; a veces incluso no piden el empadronamiento individual, sino el colectivo... Hay cosas que hoy ya no se pueden sostener.

¿Se están creando expectativas que luego no se pueden cumplir cuando se anuncian medidas sin concretar o se venden una y otra vez las mismas subvenciones?

En muchos casos sí. Nosotros hemos tramitado una queja de que se abre un proceso a las 9 horas y a las 9.30 horas se ha terminado. Ya no se pueden dar más ayudas, y con un enredo de procedimiento que deja mucho que desear y pone de manifiesto el voluntarismo y la falta de conocimiento de su propia estructura administrativa.

En sanidad, ya instó a priorizar la atención presencial y pidió reforzar los medios telefónicos y telemáticos. ¿Cómo se explica que la situación sea prácticamente la misma que en lo peor de la tercera ola?

Es incomprensible. No estamos en la cresta de la ola de la pandemia y, por lo tanto, se supone que los servicios sanitarios deberían funcionar con una cierta normalidad y siguen sin hacerlo.

¿Falta optimizar medios y recursos para atajar los problemas de la sanidad?

No me atrevería a hablar de optimización en Sanidad. No tenemos medios para conocer en profundidad la organización de los hospitales. En Sanidad nos ha preocupado mucho fundamentalmente la falta de información y de coherencia a la hora de informar a los ciudadanos y entre diferentes áreas de salud.

¿Y a qué lo atribuye?

No lo sé, pero, en general, las deficiencias en materia de comunicación no se han limitado a Sanidad. Es verdad que en el área sanitaria han sido más graves, porque la ciudadanía es más sensible, pero a lo largo de toda la pandemia se puede constatar una falta de información de calidad, clara y coherente, y una falta de transparencia en el funcionamiento de las administraciones. La transparencia es fundamental para conseguir la colaboración de la ciudadanía. En una sociedad democrática, si no hay colaboración de los ciudadanos, es difícil implementar una serie de medidas. Eso requiere que entiendan perfectamente lo que está pasando y lo que se está haciendo, y hemos tenido que llamar la atención en más de una ocasión en relación con que se explicara la situación epidemiológica, por ejemplo, de cada ayuntamiento.

Los servicios sociales ya estaban colapsados antes de la covid, sobre todo por la falta de personal. Con la crisis a la que nos enfrentamos, ¿hay solución?

De momento, no la está habiendo. Cada vez que aparece una nueva figura de ayudas o prestaciones se pone la carga de valorar la situación sobre los servicios sociales municipales. Sin embargo, los ayuntamientos de todos los colores nos dicen lo mismo: que con la subvención que tienen y la manera de establecerse la subvención anualmente no tienen capacidad de mantener unos servicios sociales que sean capaces de responder a lo que requiere la ley. Los casos son dramáticos, sobre todo en los grandes ayuntamientos. A veces se ha tardado más de un año en registrar una demanda de dependencia o de Renta Valenciana de Inclusión. Hay que replantearse el modelo. La conselleria dice que con el nuevo modelo de contrato-programa cuatrienal se va a resolver. Hasta la fecha no conocemos que se haya firmado ninguno.