El PP lleva a la Fiscalía el intento de anular la elección de la jefa de Personal de Divalterra

A juicio de los populares, los hechos que se han puesto en conocimiento del Ministerio Público describen una actuación "antes, durante y después del proceso de selección que, indiciariamente, podría ser constitutiva de delitos de tráfico de influencias y prevaricación".

El PP pide a la Fiscalía que investigue las supuestas presiones denunciadas por determinados técnicos de la casa por parte de responsables políticos, "principalmente el presidente del Consejo de Administración de Divalterra, Ramiro Rivera".

"Desde el mismo momento en el que se determinó la persona ganadora del proceso de selección, se puso en marcha una operativa para intentar revocarlo", asegura el grupo popular. "Las alegaciones del candidato que quedó en segundo lugar se tomaron como base para paralizar la contratación, cuestión que el presidente del Consejo de Administración ordenó por escrito, amparado en los informes del jefe de los Servicios Jurídicos de Divalterra, José Luis Vera", continúan.

Dichos informes cuestionaban el papel desempeñado por el gerente y otros cargos a dedo de la empresa pública en el procedimiento, enumeraban hasta una docena de irregularidades y recomendaban anular la contratación de la jefa de personal, pero los intentos repetidos del presidente de hacerlo no prosperaron porque la mayoría de miembros del consejo de adminsitración votó en contra de revocar todo el concurso.

Los populares observan detrás de estas actuaciones un "especial interés en revertir el resultado final del proceso de selección que habían determinado los técnicos" y aseguran que las mismas provocaron "una fractura dentro del Consejo de Administracion y una situación de incertidumbre entre los responsables de la empresa pública."

Graves irregularidades

El portavoz del PP en la diputación, Vicente Mompó, afirma que se han producido "graves irregularidades" en los últimos meses y considera que «cuando los técnicos se mantuvieron firmes frente a la injerencia política, el equipo de Toni Gaspar optó por cerrar la empresa».

Mompó ha recordado que en el proceso de selección hay miembros del tribunal «que decidieron acudir a la Agencia Valenciana Antifraude para denunciar situaciones que no consideraban lógicas» y este organismo incluso concedió a alguno de ellos la «condición de testigo protegido».

Hay otras denuncias recogidas en el Consejo de Administración de Divalterra por parte del gerente, Antonio Mas, en las que asegura haberse sentido «juzgado por parte del jefe de los Servicios Jurídicos sin ni siquiera darle la oportunidad de hablar».

«Hemos vivido un escenario en el que algunas personas no parecen haber respetado lo determinado por un Tribunal de Selección y se ha querido imponer otro resultado diferente al determinado por los técnicos, destituyendo para ello, incluso, al gerente de la empresa», ha indicado el portavoz popular.

Si a todo ello «sumamos que hemos sufrido multitud de cortapisas para acceder a los expedientes y ejercer la labor de fiscalización, nombramientos de consejeros que bajo la apariencia de técnicos tenían una clara adscripción política, o imposibilidad de expresar durante meses nuestras quejas a lo que sucedía en Divalterra, parece inevitable que sea la Fiscalía quien investigue todo lo que ha acontecido alrededor de este procedimiento».

Mompó mantiene que «la decisión de cerrar la empresa obedece más a la pérdida de control político por parte del actual equipo de Gobierno de la Diputación que a cualquier otro condicionante y el hecho de anunciarlo en una Junta cuya celebracion habían forzado de los grupos de la oposición lo evidencia aún más».

Finalmente, ha asegurado que «desde el Grupo Popular velaremos por que se respeten los derechos de los trabajadores de Divalterra. Igualmente trabajamos para que no se intenten tapar con el cierre de la empresa situaciones durante el proceso de selección de la jefatura de Recursos Humanos que ponemos en conocimiento de la Fiscalía por si pudieran ser constitutivas de delitos».