El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado hoy que, tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado a devolver a Castilla y León 182 millones de euros por la liquidación del IVA de 2017, esa mensualidad "tiene que llegar a todas las comunidades autónomas". "El Estado nos debe a las CCCA esa mensualidad y la tiene que pagar", ha aseverado el dirigente valenciano.
Puig, que ha realizado estas manifestaciones a preguntas de los medios en Castelló, ha recordado que la Generalitat ha situado ese concepto en los presupuestos porque considera que es "un derecho adquirido" del territorio.
El jefe del Consell ha advertido, en este punto, que "hay que hacer historia y la historia de esta mensualidad del IVA corresponde a la gestión del exministro Cristóbal Montoro y el PP". "Y el Partido Popular en el Congreso de los Diputados se negó a buscar una solución que se hubiera podido resolver hace unos años", ha apuntado.
"Yo no voy a hacer partidismo ni de esto ni de nada. El Estado nos debe a las comunidades autónomas esa mensualidad y la tiene que pagar", ha recalcado Puig, quien ha concluido aseverando que esa es "la lógica".
Por su parte, El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, se ha mostrado hoy convencido de que la mensualidad del IVA correspondiente al 2017 que el Gobierno adeuda a las comunidades autónomas “por la decisión unilateral y completamente insolidaria de Montoro” debe abonarse “por igual a todas las autonomías”.
Así lo ha hecho saber el conseller Soler al Ministerio de Hacienda, a quien ha reclamado una solución “consensuada y dialogada” entre todas las autonomías tras la sentencia del Tribunal Supremo que ha reconocido el cobro de 182 millones de euros a Castilla y León por el IVA de 2017. “Las consecuencias de esta decisión del Gobierno de Rajoy las sufrieron todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, al privar a los gobiernos autonómicos de unos recursos que nos corresponden”, ha ahondado el conseller, incidiendo en cualquier caso en que “si el Gobierno no busca una solución equitativa, desde la Generalitat se estudiarán las medidas necesarias para reclamar unos recursos que son de todos los valencianos y valencianas”, ha afirmado.
“La solución debería pasar por el consenso y el diálogo sin necesidad de recurrir a la litigiosidad”, ha apuntado Soler, quien ha manifestado que “la sentencia pone claramente en evidencia que la decisión del Gobierno de Rajoy fue contraria al derecho de las autonomías”.
El conseller de Hacienda ha querido remarcar que el Consell ya gastó los 281 millones adeudados del IVA de 2017 al haberlos incluido en los Presupuestos de la Generalitat del año 2019. “Nuestra obligación como Gobierno es que todos los ciudadanos tengan garantizados unos servicios públicos fundamentales de calidad y, como parte de los recursos del sistema, destinamos la mensualidad del IVA a garantizar los pagos necesarios en Educación, Sanidad y Servicios Sociales”. La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, criticó ayer la decisión adoptada en su día por el Consell de no llevar a la justicia la deuda.
Solución en los Presupuestos Generales de 2019
El conseller de Hacienda y Modelo Económico ha recordado también que el actual Gobierno incluyó un cambio legislativo que permitía recuperar a las CCAA la mensualidad adeudada desde 2017 en los presupuestos de 2019 y ha lamentado que “en lugar de apoyar unas cuentas que hubiesen puesto fin a este problema hace dos años, algunas autonomías buscaran la vía judicial para llegar al mismo punto”.
“Gracias a la presión de las comunidades autónomas contra la decisión de Montoro, la ministra María Jesús Montero incluyó estos recursos en los Presupuestos Generales de 2019, sin embargo tanto los partidos de la derecha como los independentistas votaron en contra de los mismos e impidieron su aplicación efectiva”, ha lamentado Soler.
En esta línea, el responsable de Hacienda ha señalado que la solución alternativa que adoptó el ministerio permitir un mayor déficit autorizado para las autonomías como compensación “fue una solución transitoria, pero no resolvía el fondo de la cuestión” y ha apuntado que debe solventarse “para no contabilizar como deuda unos recursos que nos corresponden”.
Soler ha recordado que esta situación fue originada por la decisión que tomó el exministro de Hacienda de Mariano Rajoy en 2017, Cristóbal Montoro, al aplicar el llamado Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA que implicó que, en términos de caja, solo se contabilizaran 11 meses de autoliquidaciones de IVA dos años después, en el ejercicio 2019.
Según el conseller, esta decisión del ministro Montoro “provocó un claro quebranto” para las autonomías. “Fue una medida injusta que siempre hemos denunciado por perjudicar los intereses e ingresos de las autonomías”, ha aclarado Soler.
