La sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado a devolver a Castilla y León 182 millones de euros por la liquidación del IVA de 2017 ha dado pie al Consell para reclamar al Gobierno Central una solución que permita cobrar la mensualidad pendiente a todas las comunidades autonómas. «El Estado nos debe a las comunidades esa mensualidad y la tiene que pagar», aseguró ayer el president de la Generalitat, Ximo Puig, que recordó que el concepto se ha consignado en los presupuestos porque considera que es «un derecho adquirido» de la Comunitat Valenciana.

Frente a las críticas del PP por no haber seguido los pasos de Castilla y León en la justicia para recuperar el dinero, el jefe del Consell recordó que la problemática «corresponde a la gestión del exministro Cristóbal Montoro» y « el Partido Popular en el Congreso se negó a buscar una solución que se hubiera podido resolver hace unos años», incidió.

En la misma línea se pronunció el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, convencido de que la mensualidad del IVA correspondiente a 2017 que el Gobierno adeuda a las comunidades autónomas debe abonarse «por igual a todas las autonomías».

Soler reclamó una solución «consensuada y dialogada» entre los territorios tras la sentencia del Tribunal Supremo favorable a los intereses de Castilla y León, que pone de relieve que la decisión del Ejecutivo de Rajoy fue contraria al derecho de las autonomías «Las consecuencias las sufrieron todos los ciudadanos, al privar a los gobiernos autonómicos de unos recursos que nos corresponden», ahondó el conseller, incidiendo en cualquier caso en que la Generalitat estudiará las medidas necesarias para reclamar esos recursos «si el Gobierno no busca una solución equitativa».

«La solución debería pasar por el consenso y el diálogo sin necesidad de recurrir a la litigiosidad», apuntó Soler, que precisó que el Consell ya gastó los 281 millones adeudados del IVA de 2017 al haberlos incluido en los Presupuestos de 2019.

El conseller de Hacienda recordó que el actual Gobierno incluyó un cambio legislativo que permitía recuperar a las comunidades la mensualidad adeudada en las cuentas estatales de 2019, pero las mismas no salieron adelante.

La solución alternativa fue permitir un mayor déficit para las autonomías, pero esta cuestión «no resolvía el fondo de la cuestión» y los recursos se contabilizan como deuda.