«Para privatizar un servicio público en este país tienes una autopista de ocho carriles, pero si quieres recuperarlo y que vuelva a ser de gestión pública te encuentras con un camino rural sin asfaltar». A través de esta analogía, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, se quejó ayer de las trabas con las que se sigue encontrando el ejecutivo autonómico a la hora de completar su calendario de reversiones sanitarias. La próxima parada en esa hoja de ruta pasa por devolver a la gestión pública el hospital de Torrevieja cuando venza la concesión, en octubre, aunque sobre la operación sobrevuelan una serie de incógnitas aún por despejar.

La apuesta de la Conselleria de Sanidad por una empresa pública para asumir las riendas del área sanitaria y absorber con mayores garantías a los trabajadores divide a los partidos del Botànic y no gusta ni a Unides Podem ni a Compromís. Los primeros se reunieron ayer con los sindicatos del hospital y compartieron con ellos el rechazo a una medida que amenazan con bloquear, mientras que los segundos han abogado por buscar alternativas.

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación de Ribera Salud contra la sentencia que refrendó la reversión del hospital de Alzira en 2018. El Alto Tribunal va a estudiar si la omisión de la memoria de repercusiones económicas cuando el Consell optó por no renovar el contrato con la concesión infringió la ley, lo que añade nuevas incertezas.

Ante este panorama, Oltra garantizó ayer que el compromiso de recuperar el hospital de Torrevieja «se llevará a término» dentro de los plazos previstos. La vicepresidenta no profundizó en la fórmula a la que se recurrirá ni quiso entrar en polémicas «partidistas», pero sí lanzó un órdago al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, a quien instó a facilitar a las comunidades la tarea de recuperar servicios públicos externalizados en el pasado mediante las reformas pertinentes en el ámbito de la regulación laboral del personal público, con el objetivo de aplacar las dudas jurídicas que a día de hoy invaden este tipo de procesos.

En ese sentido, Oltra auguró que la forma mediante la cual se devuelva a la gestión pública directa el Departamento de salud de Torrevieja dependerá de «si la arquitectura normativa básica del Estado cambia». «Esa es la cuestión: si al menos nos asfalta el camino rural, será más fácil», enfatizó a continuación, tras evidenciarse esta semana los roces en el ejecutivo. Para la portavoz, en la actualidad el sistema incurre en una «anomalía notable». «Privatizas cosas y no tienes que explicar nada, pero cuando una administración quiere ejercer su obligación de dar una gestión pública a un servicio público tienes que dar mil quinientas explicaciones», censuró.

Tras su reunión con el comité de empresa de Torrevieja, la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, reiteró ayer que para los morados es innegociable la gestión directa y la «completa desprivatización» del hospital.