La sombra de la aplicación de peajes por circular por las autovías vuelve a planear, cuando no hace ni un año y medio que la liberalización de la autopista AP-7 ha revolucionado las comunicaciones en la Comunitat Valenciana. El Gobierno parece decidido a implantar algún método de pago por utilizar las vías de alta capacidad, aunque hasta el momento se desconoce de qué forma se llevaría a cabo, a partir de cuándo y cuál sería la tarifa.
Así se lo ha transmitido a la Comisión Europea, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El documento dice textualmente que «es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad, que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera, como sucede en el resto de infraestructuras».
Así, parece claro que, si bien no es la primera vez que se habla de la posibilidad de pagar por circular por las autovías, ahora parece evidente que antes o después se implantará alguna fórmula.
No obstante, no tendría por qué ser un peaje a la manera tradicional, esto es, abonar directamente una tarifa por utilizar un tramo concreto de una autopista o autovía, sino que podría ponerse en marcha, por ejemplo, alguna tasa impositiva.
El Gobierno respaldaría así las voces que en los últimos años han reclamado la implantación de peajes en las autovías, entre las que ha destacado la patronal de las grandes constructoras españolas, Seopan. Aludiendo al coste del mantenimiento de las infraestructuras y a su impacto en las arcas públicas, la organización ha defendido de manera reiterada el establecimiento de alguna tarifa. En 2019, poco después de la primera liberalización de una autopista, la AP-1 en Burgos, esta asociación propuso el pago de 9 céntimos por kilómetro para los turismos y de 0,19 para los vehículos pesados. Esto supondría, por ejemplo, pagar cerca de dos euros por ir de Alicante a Elche.
Generaría conflicto
Una solución de ese tipo generaría conflicto, al menos de partida, porque la inexistencia de rutas alternativas a las autovías en muchos tramos obligaría a pagar. De lo contrario, podrían colapsarse carreteras locales o incluso zonas urbanas. Tal y como publicó este periódico después de que Seopan lanzara su propuesta en 2019, un ejemplo práctico es la A-31: es imposible ir de Alicante a Villena si no es por la autovía o volverían a producirse de nuevo atascos en accesos a ciudades valencianas como Oliva o Bellreguard, que han quedado superadas con la liberación del peaje. Asimismo, la posible implantación de peajes en todas las vías de alta capacidad contrasta con la determinación con la que se actuó el año pasado en la AP-7, no solo liberalizándola sino desmantelando por completo las estaciones de peaje, lo que ha tenido un importante efecto simbólico.
Un rechazo generalizado
Otro aspecto que llama la atención es la cesión de tramos urbanos de la carretera N-332 a los ayuntamientos como los de l’Alfàs del Pi y Altea, con el argumento de que han dejado de tener tráfico de paso. Este criterio, que en las comarcas de la Marina se ha interpretado que alejaba la posibilidad de un regreso del peaje, se ha aplicado también en el traspaso al consistorio de Alcoi de la travesía de la N-340.
El pago por usar las autovías suscita bastante rechazo en la opinión pública, tanto entre los usuarios particulares como en los profesionales del transporte.
