La Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi ha solicitado a la Conselleria de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible una moratoria de 2 a 3 años, o incluso la derogación de la disposición transitoria de la Ley del Taxi de la CV, "ante la inviabilidad de poder encontrar personas interesadas en invertir en plena pandemia en un sector duramente castigado" por la crisis derivada de la Covid-19.

"Es el 11 de julio de 2021 cuando finaliza el plazo para tener que malvender nuestras licencias o perderlas, ya que ahora nadie se plantea invertir en un mercado que siempre ha sido una salida para muchos ciudadanos que se quedaban sin trabajo, pero que ahora vive momentos de pérdidas ilimitadas y, por el momento, sin esperanza de un futuro mejor a corto plazo", ha asegurado la presidenta de la Plataforma, Isabel Segura.

Las restricciones de movilidad para contener el virus, "lógicas y necesarias", así como el teletrabajo, el cierre de la hostelería y ocio nocturno, o las limitaciones a la llegada de turistas a la Comunitat han provocado que no haya demanda de servicio de taxi, explica Segura.

Durante más de un año, "los taxistas están llevando a casa diariamente recaudaciones que no llegan ni siquiera a cubrir gastos, pero siguen al pie del cañón, muchos de ellos tirando de ahorros o de nuevos préstamos, para garantizar el servicio público que la sociedad necesita, con la esperanza de que la inmunidad de rebaño llegue pronto gracias a la actual campaña de vacunación", ha apuntado.

Ante esta situación de excepcionalidad, la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi se une a las peticiones de la Asociación Gremial Provincial de Autotaxis de Valencia y de la Asociación Empresarial de Auto Taxis de la Comunitat Valenciana para "que la Generalitat impulse pronto las actuaciones urgentes y necesarias que modifiquen los plazos actuales para vender las licencias o, incluso, que deroguen la aplicación de esta medida".

Los taxistas con más de una licencia se han acogido a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) impulsados por el Gobierno central, para poder aguantar, reduciendo la jornada laboral o suspendiendo temporalmente los contratos de sus trabajadores.

"Como tenemos la obligación de mantener estos puestos de trabajo hasta seis meses después de su reanudación, si no se aprueba esta moratoria se va a producir la incongruencia en poco tiempo de tener trabajadores dados de alta aun perdiendo la licencia de taxi que conducían", ha advertido la presidenta de la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi.

A esto se suma que, "tras cumplirse un año del anuncio de las ayudas de la Generalitat para el sector, a día de hoy, los taxistas del Área de Prestación Conjunta de Valencia siguen sin recibir ni un solo euro de las mismas y no saben cuánto van a poder aguantar más", ha lamentado.

"Sabemos que no hay presupuesto para sacarnos a flote a todos, por eso lo único que pedimos al Gobierno Autonómico es que tenga consideración y paralice la obligación de transmitir nuestras licencias, porque si las tenemos que vender en plena crisis económica sin compradores y con los préstamos por ellas sin pagar, va a ser el final para muchos de nosotros que ya estamos a punto de echar el cierre", ha subrayado Isabel Segura.

La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi, ha señalado "por desgracia, la crisis sanitaria que estamos viviendo se ha alargado más de lo que se esperaba al inicio de la pandemia y esto está provocando un año muy difícil para todos con una crisis económica y financiera sin precedentes, que necesita medidas extraordinarias como las que acabamos de solicitar a la Generalitat", concluye el comunicado.