La nueva normalidad todavía no ha llegado y ya provoca grietas entre la Conselleria de Sanidad y los representantes laborales. La preparación para el futuro inmediato donde se espera acabar de bajar la curva y que no vuelva a despertar enfrenta a sindicatos y Administración ante la pregunta de cuántos trabajadores son necesarios para que el virus pase a ser historia mientras el sistema de salud regresa al máximo de sus funciones prepandémicas.
Tras la reunión de la Mesa Técnica de ayer entre organizaciones sindicales y conselleria quedó patente el abismo en las percepciones. No solo en número sino también en concepto puesto que para lo que la responsable de Sanidad, Ana Barceló, es una «adaptación» a la nueva situación pandémica y no una «reducción de plantilla», para sindicatos y demás entidades supone «eliminar» plazas y «despedir» trabajadores.
Los sindicatos reclaman mantener los 9.309 contratos de refuerzo covid hasta el 31 de diciembre que vencen el 31 de mayo mientras que Sanidad pasó de su propuesta inicial de 5.337 hasta los 6.000 a mitad de tarde. Desde la conselleria explican que esto supone el 65% de las plazas, con perfiles de todo tipo, que en los peores momentos de la pandemia se contrataron para reforzar de urgencia el sistema sanitario público valenciano y que tendría una inversión en 2021 de 270 millones.
No obstante, los representantes sindicales exigen renovar el 100 % así como garantizar un proceso de estabilización de las plantillas, un hecho que, por otra parte, anunció el president de la Generalitat, Ximo Puig, el sábado, sin especificar cifras. Así, para los sindicatos, la no renovación implica una «merma considerable de efectivos», en palabras del CSIF; un «debilitamiento de la capacidad de respuesta» del sistema sanitario para CCOO PV, que agrava el «enorme déficit de profesionales», según Satse, o que continúa con la «alarmante precariedad», según denunció el Colegio de Enfermería.
A estos se le añade la queja de las diferentes entidades de Atención Primaria ante el plan de desescalada en los centros de salud del que Sanidad informó el fin de semana. El Sindicato Médico calificó de «hachazo» el fin de estos contratos mientras que el portavoz del Foro de Médicos de Atención Primaria, Ignacio Domingo, criticó que se quiera «recuperar todo como antes cuando se restan recursos y hay más carga de trabajo».
Todas las entidades apuntan a tareas extra que continuarán ejerciendo presión sobre las agendas del personal sanitario. La más repetida es el proceso de vacunación, cada vez más masiva y, por tanto, cada vez con más necesidad de personal, que, además, se ha de desplazar a centros específicos de inmunización. A esta, se suma que la normalidad todavía no es absoluta en los centros, donde se sigue necesitando un doble circuito para pacientes covid y no covid así como la realización de pruebas diagnósticas.
Por último, otras dos realidades. La primera, la que llegará en unos meses con las vacaciones: «se ha hecho un sobreesfuerzo y el descanso no puede ser a costa de sobrecargar los servicios», indican desde un sindicato. Y la segunda, la vuelta al máximo nivel de actividad asistencial no se hace de cero sino que se parte de negativo, con listas de espera y necesidades que se han ido postergando ante la urgencia de la covid.
