La temporalidad afecta ya a nueve de cada diez ‘trabajadores pobres’

La pandemia ha multiplicado, eso sí, el número de atenciones, ha diversificado los perfiles y ha vuelto a visibilizar las «colas del hambre», erradicadas tras mucho esfuerzo por parte de unas entidades sociales que potenciaron los economatos y los vales de comida en supermercados para evitar la «vergüenza» de quienes esperan su turno para recoger comida.

Pero tener trabajo hace años que no garantiza una vida digna y Cáritas lanza la voz de alarma con la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD), una campaña que alerta sobre «cómo el impacto de la pandemia está debilitando el derecho al trabajo, y empobreciendo, precarizando y descartando a millones de trabajadoras y trabajadores, principalmente mujeres y jóvenes».

Desde la ITD han hecho los deberes y acompañan las campaña con cifras. Así, la entidad asegura que en la Comunitat Valenciana hay una tasa de paro del 16,4 % con 398.000 personas desempleadas (189.800 hombres y 208.200 mujeres) y 141.900 hogares donde todos sus miembros están en paro. Pero, además, afirman que el 87,6 % de los contratos de la Comunitat Valenciana son temporales (cifra que asciende al 89,1 % en València ciudad), según datos del Consejo Económico y Social de España (CES)), a partir de datos del SEPE de marzo de 2021.

Por último, la entidad señala que también con datos de marzo de este año, hay incluidas en ERTE 98.060 (solo en València son 46.292), según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Así, las entidades que impulsan en València esta iniciativa -Cáritas Diocesana, Servicio Jesuita de Migrantes (SJM), y Hermandad Obrera de Acción Católica, (HOAC)- denuncian «la destrucción en el último año de miles de empleos y que muchos de los ERTE puestos en marcha se hayan resuelto en despidos». Además, explican que los empleos considerados esenciales –muchas veces ejercidos en condiciones precarias, tanto a nivel laboral como de protección sanitaria—, tampoco se han visto reconocidos en una mejora de sus condiciones.

Ayudas que no llegan

Por último, «las medidas de protección social diseñadas para paliar los efectos de la crisis no han llegado a las personas que más lo necesitan, como tampoco ha sucedido con el subsidio temporal previsto para las trabajadoras del hogar o el ingreso mínimo vital», añaden. Y advierten: «El derecho al trabajo está en riesgo, lo que supone que el pacto social entre en crisis y, con ello, la propia democracia».

Ante esta situación, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente insta a adoptar algunas medidas urgentes como son: «Potenciar el trabajo con derecho para todas las personas, sin distinción de edad, sexo o procedencia; garantizar el acceso a medidas de protección social para quienes no puedan trabajar o no lleguen ‘a fin de mes’; lograr el reconocimiento social y laboral de los empleos esenciales para la vida; configurar un nuevo contrato social basado en la centralidad de la persona, el trabajo decente y el cuidado del planeta; e impulsar la incorporación de la juventud al mercado laboral creando oportunidades reales de acceso al trabajo digno».