El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, participó ayer en el Colegio de Abogados de València (ICAV) en la jornada «Diálogos Institucionales», una especie de gira por todas las ciudades del Estado organizadas por el Ministerio de Justicia en colaboración con los Colegios de Abogados para hacer didáctica de las reformas judiciales que prepara el ministerio. Un formato que permite intervenir a las máximas autoridades en materia de justicia de cada autonomía. Pero que también permite interpelar al ministro en el debate posterior a los parlamentos.

Las reformas legales que prepara el ministerio anuncian una revolución en el sistema judicial español, si logran llegan a buen puerto. Entre otras novedades se prevé conceder a los fiscales la instruccióm de las causas, que los magistrados pasen a ser jueces de garantías, pero también crear Oficina de Justicia en los municipios como una medida más para luchar contra la despoblación, según explicó el ministro. Aunque antes de su intervención el ministro Juan Carlos Campo tuvo que escuchar las demandas-parlamentos de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv) Pilar de la Oliva, la consellera de Justicia Gabriela Bravo y la decana del ICAV Auxiliadora Borja.

La presidenta del Tsjcv, Pilar de la Oliva, pide una nueva estructura organizativa y un entramado normativo

Flexibilización y colaboración

De la Oliva lanzó una de las frases más contundentes de la jornada. «Las reformas son muy necesarias porque el sistema está agotado», aseguró. Por ello, reivindicó la necesidad de «diseñar una estructura organizativa y construir un entramado normativo con las nuevas tecnologías». La presidenta del alto tribunal de la Comunitat Valenciana también abogó por una «necesaria flexibilidad en la organizacion para ser capaces de dar una respuesta rápida. Para ser una administracion de justicia eficaz y eficiente, sólo se puede conseguir con los juzgados de instancia», defendió. Al tiempo que mostraba su «leal colaboración» para acometer las reformas previstas. La consellera de Justicia Gabriela Bravo aprovechó para sacar pecho de las iniciativas en materia de justicia realizadas por el Consell Botànic como la ley de mediación, «la tutela de los derechos de los más vulnerables con la dignificación del turno de oficio y poniendo a las víctimas en el centro de las políticas porque somos la única comunidad con 35 oficinas de atención a víctimas del delito y 175 profesionales que atienden en todos los partidos judiciales, además del Plan de infraestructuras dotado con 300 millones que appuesta por edificios accesibles y respetuosos con el medio ambiente».

La consellera Gabriela Bravo reivindica «invertir en la eficiencia para no invertir en la obsolescencia

Aunque Bravo también defendió la necesidad de «inversión en la eficiencia» al tiempo que agradecía «los cambios normativos y cambios de leyes procesales para mejorar la eficiencia en el ámbito procesal y territorial, para no invertir sobre modelos basados en estructuras decimonónicas y en la en obsolescencia». Bravo también aplaudió «el proyecto de justicia municipal que ya empezamos a trabajar con los ayuntamientos para crear oficinas de proximidad porque nos preocupa la despoblación». Por último, Auxiliadora Borja pidió al ministro que tenga en cuenta las sugerencias del ICAV para uniformizar los permisos por maternidad para las abogadas. «Necesitamos uniformidad a nivel nacional, que esté legislado y que no dependamos de que en cada comunidad autónoma sea distinto, porque la mayoría de solicitudes de amparo de los colegiados son por problemas con las suspensiones». El ministro aceptó el diagnóstico de la presidenta del Tsjcv.

«La justicia es un modelo agotado. Yo he mantenido esa posición durante muchos años, porque creo que nunca ha tenido un diseño. Solo políticas implementaristas que han cubierto necesidades mediante la creación de juzgados que, a los diez meses, todos estaban igual».

"Estamos hartos del Panda"

Por eso defendió que las reformas que impulsa crearán una «placa base» sobre la que crear la justicia de 2030 mediante la «eficiencia procesal, eficiencia organizativa y la eficiencia tecnológica». Una revolución para la que «el factor humano está preparado. En justicia nos conformamos con un Panda, pero si nos dan un Mercedes. Va a ser un éxito adaptarnos al Mercedes porque estamos hartos del Panda», defendió e ltitular del Ministerio de Justicia.

Ribó pide recuperar el derecho civil valenciano


El alcalde de València, Joan Ribó, reivindicó ante el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, «la necesidad de recuperar el derecho civil valenciano en todo su desarrollo, de forma que tengamos una manera más próxima a la realidad valenciana de resolver las cuestiones que históricamente se han recogido en nuestros Furs». Joan Ribó consideró que «el derecho civil valenciano puede ser plenamente constitucional» y recordó que otras comunidades autónomas «han recuperado y actualizado sus códigos tradicionales» por lo que pidió al Gobierno central más «implicación».