En la madrugada del próximo domingo desaparecerá el estado de alarma y con él decaerán algunas de las medidas restrictivas que la pandemia obligó a adoptar para frenar los contagios. No obstante, Ximo Puig ya ha anunciado su intención de mantener el toque de queda nocturno, para lo que buscará el aval del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Para ello, como ya hizo el Consell el pasado mes de octubre, se amparará en la Ley General de Sanidad de 1986.
No obstante, expertos en Derecho Constitucional consultados por este periódico dudan de que el máximo órgano judicial de la Comunitat Valenciana refrende esta medida. «Sin estado de alarma no se pueden limitar derechos fundamentales», explica Paloma Cascales, abogada y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante. En la mano de la Generalitat sí está la de modular otro tipo de restricciones, como la de horarios o los aforos de tiendas y restaurantes, pero nunca, a juicio de esta experta, la de limitar la movilidad nocturna sin estado de alarma.
«La Generalitat sí que podría ampararse en la Ley de Sanidad, porque es una ley orgánica que permite modular derechos fundamentales, pero habría que justificarlo muy bien para que sea una medida adecuada, razonable y proporcional y no parece que tenga justificación habiendo una incidencia tan baja», señala José Ángel Camisón, profesor de Derecho Constitucional de la UA. Para este experto, la Generalitat tiene en su mano otras medidas efectivas para reducir la movilidad nocturna sin recurrir al toque de queda, por ejemplo, adelantando el cierre de bares y restaurantes.
También tiene dudas sobre si el Consell recibirá el aval del TSJ Manuel Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante. «Tengo mis dudas, aunque no me atrevo a decir taxativamente que no lo conseguirá».
No obstante, añade Alcaraz, en base a la situación epidemiológica en la que se encuentra la autonomía «no parece que la medida pueda salir adelante, porque ésta debe ser ajustada a lo que se persigue».
La Generalitat no tiene la intención de pedir «auxilio» al Tribunal Supremo (TS) en el caso de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv) tumbara la extensión del toque de queda a partir del próximo 9 de mayo, cuando finaliza el estado de alarma que ampara esa figura que permite reducir la movilidad nocturna.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley para que las comunidades autónomas puedan acudir al alto tribunal si los órganos de justicia autonómicos tumban sus restricciones para seguir luchando contra la pandemia. Según fuentes del Ejecutivo consultadas, el Consell «no tiene la intención de recurrir a la vía del Supremo».
En un acto en Alicante, el president de la Generalitat, Ximo Puig, insistió en la idea de continuar con el toque de queda autonómico, aunque «previsiblemente» con menos horas. Actualmente abarca de las 22 a las 6 horas. Para Puig, es fundamental mantener esta restricción porque supone «dar un mensaje de prudencia, crear una atmósfera de que la pandemia no ha acabado» el próximo domingo, día 9.
La intención expresada ayer por Puig es consultar previamente al TSJ si es viable seguir con ese toque de queda limitado a la Comunitat Valenciana dentro del marco de la Ley General de Sanidad, como ya se hizo en octubre antes de que entrara en vigor el estado de alarma.
«El TSJ ha aceptado todas las peticiones», insistió el president para advertir de que «aún son necesarias» algunas restricciones para llevar a cabo unas «desescalada prudente y progresiva».
Sin embargo, fuentes jurídicas no ven del todo claro que se pueda realizar una consulta previa al TSJ, sino que ya se tiene que presentar la medida restrictiva aprobada con el marco legal adaptado a la evolución epidemiológica.
El debate se centra en aprobar unas medidas que no sean muy restrictivas, ya que existe la posibilidad de que algún sector afectado denuncie y la justicia tumbe las medidas que limitan el contacto social o la movilidad, pues ahora la Comunitat está en una situación de riesgo bajo con una incidencia de poco más de 43 casos, nada comparable a como estaba en octubre. Es la autonomía con mejor situación de España desde hace siete semanas, hecho que el president desea consolidar con la ayuda del paraguas protector de la vacunación en los grupos de mayor edad.
Si judicialmente se cierra la puerta a la restricción de la movilidad nocturna, el escenario que se baraja es un toque de queda ‘de facto’, con horarios restringidos de hostelería, ocio y comercio, entre otros negocios. El objetivo sería reducir la actividad comercial y de ocio para así reducir la movilidad y lanzar el mensaje de que lo prudente es el menor contacto social. «No hay que dar señales equívocas de que la pandemia ha pasado» cuando decaiga la alarma, insistió Puig. Un mensaje que también compartió ayer la vicepresidenta Mónica Oltra, quien afirmó que la voluntad es seguir en la misma línea que hasta ahora en cuanto a restricciones, pues, a su juicio, no se puede pasar de un día para otro a estar «sin horarios y sin freno». La comisión interdepartamental decidirá viernes o sábado.
Expertos en Constitucional dudan de que la Generalitat logre el aval del Tribunal Superior
Creen que la situación sanitaria hace difícil que el órgano judicial respalde la restricción
Pino Alberola. València
Podem no quiere que se levante el cierre perimetral
Unides Podem no quiere que se levante el cierre perimetral. El lunes, cuando decaiga el estado de alarma, lo hará consigo el blindaje autonómico que regía a la Comunitat Valenciana desde finales de octubre. No obstante, desde la coalición de izquierdas reclaman «estudiar vías legales de acuerdo que permitan su prórroga». Así lo expuso ayer la síndica del grupo parlamentario y secretaria general de Podem, Pilar Lima, quien sseguró que el cierre perimetral «se ha demostrado como la medida más efectiva para mantener una incidencia acumulada inferior a la de otras autonomías», motivo suficiente por el que sería necesario acordar con el Gobierno central «vías legales» que amplíen su vigencia. Así, la postura de los socios de la coalición y la del president de la Generalitat, Ximo Puig, choca a días vista del fin del estado de alarma.
