La Generalitat ha movido la primera ficha y esta semana ha presentado una demanda contra el Gobierno central, en concreto en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, por la que reclama al Ministerio para la Transición Ecológico que devuelva a Alicante y Murcia los 20 hm³ del trasvase correspondiente al pasado septiembre de 2020 que anuló, según el Ministerio, por la imposibilidad de recibir el agua debido a las obras que se llevaban a cabo en el embalse regulador de la Bujeda. La comisión de explotación del trasvase había comprobado que había recursos suficientes y así se lo hizo saber a los rectores del Ministerio, pero el trasvase se suprimió, a pesar de que podía haberse aprobado reservando el agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía hasta que, técnicamente, fuera posibles trasvasarla.
Precisamente, así sucedió con los 146 hm³ que sí se aprobaron en los seis meses siguientes (octubre/marzo) en los que el trasvase siguió cerrado por obras, hasta que volviói a abrirse el pasado abril. Este es uno de los argumentos que esgrime la letrada del Consell para plantear la denuncia en la que se reclama al ministra Teresa Ribera que dicte una orden con la devolución de los 20 hm³. El Consell argumenta, también, que la decisión de anular el trasvase de septiembre vulneró el principio de seguridad jurídica y el derecho de los agricultores a trabajar con planificación.
La Generalitat ha presentado la demanda en plena polémica por los recortes previstos en el Tajo-Segura ( modificación de las reglas de explotación y aumento de los caudales ecológicos que pueden significar una reducción de 200 hm³ al año), pero subraya que el Consell comunicó su decisión de recurrir en octubre de 2020, pero no ha sido hasta ahora cuando desde la Audiencia Nacional se les ha pedido la ratificación.
El Consell cuestiona también en su demanda el carácter arbitrario de la decisión y desliza que con movimientos como el del Ministerio, dejando sin agua a los agricultores, se vulnera el derecho de estos a trabajar con una planificación previa. “La Administración tiene un margen de decisión propia en la aplicación de la ley, pues la misma no regula con tanta exactitud lo que ésta deba hacer. Ahora bien, el poder discrecional no es nunca ilimitado ni puede ser ejercicio de cualquier manera, según el puro arbitrio de quienes lo reciben, por lo que en realidad, la discrecionalidad administrativa nunca es absoluta, y cuando se habla de una decisión discrecional se hace referencia, por lo general, a una decisión administrativa cuyo contenido no está totalmente predeterminado, puesto que la ley remite al órgano administrativo competente alguno de los elementos que lo integran en función de consideraciones de oportunidad”, reza el texto al que ha tenido acceso este periódico.
Para el Consell la orden que se impugna -trasvase cero en septiembre de 2020- “adolece de falta de motivación y resulta, además, manifiestamente arbitraria dado que la potestad discrecional ha sido ejercida sin que haya quedado sobradamente justificada la oportunidad y conveniencia de acordar el correspodiente trasvase de 0 hm³, faltando además a los principios de igualdad, proporcionalidad y seguridad jurídica. La discrecionalidad no implica arbitraridad”. La letrada de la Generalitat añade que “cabría la posibilidad de autorizar el trasvase de la cantidad propuesta por la comisión, que podría haberse materializado una vez concluyeran los trabajos de reparación, o, al menos, justificar las razones para no hacerlo. La Orden recurrida incurre en un clara falta de motivación y arbitrariedad”.
El Ministerio de Transición Ecológica anuló de forma unilateral el trasvase del Tajo de los 20 hm3 correspondientes al mes de septiembre que tenían llegar este octubre -en base a las reservas de septiembre- escudándose en que era imposible al estar cerrado el embalse de la Bujeda, tal como recogió negro sobre blanco el Boletín Oficial del Estado. El Ministerio volvió a ignorar las propias recomendaciones de sus técnicos, que habían planteado el envío de 20 hm3, tras comprobar que en los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía había almacenados 594 hm3 el 1 de septiembre- De esta forma, se rompióor primera vez una práctica habitual, que era que aunque no se pudiera enviar, se aprobaba el trasvase y el agua se quedaba en cabecera para enviarla más adelante.
Alicante se juega más de mil millones de euros al año que factura la producción hortofrutícola que depende del trasvase. El agua del Tajo es irrenunciable y, por lo tanto, no se puede sustituir por la desalada, seis veces más cara, algo que tiene con la mosca tras la oreja a un sector importante de los regantes alicantinos. Ángel Urbina, presidente de la SAT San Enrique y portavoz de la comisión técnica del agua de la Diputación denunció que «la hoja de ruta está clara. Siguen el guión de la ministra Narbona: agua desalada por la del trasvase. Ni tiene la calidad de la del Tajo ni la podemos pagar».
La provincia exporta todos los meses a Europa, norte de África toneladas de frutas y verduras, cereales, azúcar, café, cacao, carne, lácteos, huevos, carne, semillas y frutos oleaginosos, piensos y hasta tabaco, imposibles de producir sin el agua del Tajo. La facturación mensual de la exportaciones oscila entre los 85 y los 90 millones de euros.
