La Conselleria de Vivienda que dirige Rubén Martínez Dalmau trabaja a destajo para ampliar un parque público que carece de pisos vacíos mientras adjudica por orden de prioridad y urgencia las viviendas que van quedando disponibles en una lista de «emergencia habitacional» que no para de crecer ante los desahucios por impago de alquiler o hipoteca, las ocupaciones y las no renovaciones de contratos de arrendamiento.
El último caso mediático es el de María Ángeles, una mujer de 70 años que se ha visto en la calle a pesar de tener un informe de vulnerabilidad que el juez no ha admitido al enteneder que la propietaria no era una «gran tenedora» a pesar de contar con varias viviendas en Barcelon, València y Girona.
Pero, además, a la mujer el desalojo le pilló por sorpresa ya que dos días antes, la presión de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) València había conseguido paralizar el desahucio. O eso creía. No hubo notificación oficial y a las 48 horas, la comitiva judicial se presentó allí, la obligó a salir con lo puesto sin tiempo a recoger sus pertenencias y cambió la cerradura. Esa misma tarde, la propietaria vació el piso en un camión de mudanzas y llevó todas las pertenencias de María Angeles (33 años en la misma vivienda) al ecoparque de Alboraia.
La mujer lo ha perdido todo (muebles, electrodomésticos, documentación, ordenador, televisor, fotografías y hasta recuerdos o joyas) y la Conselleria de Vivienda reúne ahora la documentación del caso en busca de mecanismos a su alcance que impidan que un caso similar se vuelva a repetir en la Comunitat Valenciana.
«Estamos reuniendo documentación para ver si hay algún tipo de protocolo o instrucción que nosotros podamos emitir para evitar desahucios abiertos sin fecha ni hora o cómo atuar cuando se producen. Es cierto que la ley afirma que todo lo que queda dentro de una vivienda tras un desahucio se considera abandonado y también es verdad que este caso clama al cielo porque la mujer creía que se había parado el desahucio, pero no existía nada por escrito y hay que tener claro cómo actuar en estos casos. En eso estamos, mientras gestionamos una vivienda social de emergencia para ella aunque primero nos debe llegar el informe del ayuntamiento con la solicitud», explica la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris.
Vacío legal
Además, exige una revisión de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque «genera vacíos legales ya que la norma no responde a la realidad y es necesaria una reactualización». «En la actualidad, se plantean circunstancias que no existían cuando se diseña la ley como que la hipoteca o alquiler haya cambiado de banco a fondo de inversión y no sepan ni donde pagar, o no se haya comunicado el procedimiento, o el problema no sea el impago sino la no renovación. Todo ello debe ser objeto de reflexión».
No hay alquiler sin trabajo fijo
Y es que cada vez son más frecuentes los desahucios por no renovación del alquiler, como en el caso de María Ángeles, para quien, como recalca desde la PAH, es «imposible» conseguir otro alquiler en el mercado libre ya que «ni pensionistas ni personas vulnerables que cobran la Renta Valencina de Inclusión(RVI), por ejemplo, consiguen firmar un contrato de alquiler ya que se exige, de base, un contrato de trabajo y tampoco sirve cualquiera». Los precios prohibitivos de unos alquileres al alza y la obligación de adelantar tres mesnualidades son el siguiente escollo del mercado libre.
Por ello, desde la plataforma saben que la vivienda social es la clave y exigen a la Administración que obligue a la «banca rescatada» a «devolver en viviendas vacías el dinero prestado porque es una vergüenza que no devuelvan el dinero ni tampoco cedan los pisos vacíos».
«Y los mismos para los fondos buitre y las entidades bancarias que deberían tener la obligación de firmar un alquiler social a las familias vulnerables mientras las administraciones trabajan en ampliar el parque público porque se niegan y eso no se puede permitir. El pasado marte se paralizó in extremis el desahucio de una madre sola con dos críos pequeños», añaden. Y es que la PAH alerta del aumento de los desahucios y de la vulnerabilidad de las familias mientras exige una ley de vivienda que poga freno a la emergencia habitacional.
