El director general de Tráfico, Pere Navarro, matizó ayer que, si sale adelante la propuesta del Gobierno en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas para implantar el peaje en las autovías a partir de 2024, «normalmente se excluirán casos como los viajes cotidianos por motivos laborales, por razones de estudios o incluso relacionadas con médicos». Una aclaración que viene tras una lluvia de críticas por parte de diferentes sectores que, al conocer la intención del Ejecutivo, han expresado su oposición rotunda.

Desde la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, su secretario general Vicent Inglada advierte de que esta medida va en contra de «reivindicaciones históricas que ya conseguimos» y supondrá una subida encubierta del precio de los productos que se transporten por carretera. «Pagaremos doble como ciudadanos. Por la utilización de la autovía y porque estamos convencidos de que el peaje afectará al precio final del producto transportado y es un pago doble para los mismos de siempre, los ciudadanos». De igual modo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se mostró en contra de la medida al considerar que esconde un« afán recaudatorio».

Mario Arnaldo, de la asociación Automovilistas Europeos Asociados, también rechazó de forma tajante el pago por el uso de las carreteras: «Somos radicalmente contrarios a esta propuesta» e incide en que los conductores ya pagan «con creces el mantenimiento de las autovías con los impuestos», que, según detalla, «suponen unos 30 millones al año entre impuestos directos, indirectos y tasas».

El Gobierno propone un coste de un céntimo por kilómetro para los polémicos peajes Agencia ATLAS / EP

Más riesgo de un accidente

Pero, además, considera que el peaje que se quiere implantar acarreará un descenso de la seguridad vial: «Hará que aumente el tráfico en las carreteras convencionales y, en consecuencia, el peligro de tener un accidente». Redunda en esta advertencia el Real Automóvil Club de España (Race), cuyo presidente de Seguridad Vial de la entidad, Antonio Lucas, resalta que «el pago por uso podría generar que los conductores circulen por las carreteras secundarias, donde se produce el 78 % de los accidentes mortales», al tiempo que recuerda que incentivaría «un aumento del precio del producto transportado, por lo que afectaría al bolsillo de toda la sociedad».

En la otra cara de la moneda, el Gobierno defiende esta nueva propuesta que sitúan «cuando la recuperación sea una realidad», tal como expresó ayer la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, María Jesús Montero, quien reconoció 2024 como una fecha «tentativa» para ejecutar este cambio que «se está estudiando». Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos, añadió que el modelo de pago por uso con peajes en las carreteras «es el más justo desde el punto de vista de la distribución en el territorio».

En este sentido, aclaró que si bien las infraestructuras se mantienen vía presupuestos, el sistema de peajes es desigual pues actualmente se caracteriza por estar para «unos pocos» en «algunas vías» lo que «perpetúa enormes desigualdades».

Por eso, añade, ve «razonable» que también paguen algo los «100.000 vehículos que entran todos los días en el país, la mitad de ellos extranjeros».

Por último, la ministra de Transición Económica, Teresa Ribera, insistió en que esta propuesta «no es algo nuevo», que ya se ha planteado en diversas ocasiones en España y en países del entorno, pero que no está «definida ni perfeccionada», por lo que habrá que trabajar en su aplicación con todos los matices.