Decenas de coches marcharon ayer en caravana por las principales calles de València, Alicante y Castelló con globos amarillos y negros para visibilizar la lucha de los interinos de la administración pública por la estabilización de unos puestos de trabajo que ven amenazados tras años encadenando contratos en régimen de temporalidad. Las protestas reclaman que se aplique el derecho laboral europeo y que se sancione el abuso de esta fórmula con la obligación de consolidar como fijos a los trabajadores afectados, muchos próximos a la jubilación.

Se trata de la sexta movilización a escala nacional organizada por la Plataforma Estatal de temporales públicos en fraude de ley, que plantea intensificar las acciones tras denunciar la «falta de voluntad política y sindical» para solucionar la problemática. «Los procesos de consolidación de los últimos años han sido totalmente inoperantes y solo han servido para despedir», explica María Jesús, una empleada pública de Alicante que lleva 34 días en huelga de hambre en apoyo a la causa.

Aunque el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha prometido un plan de choque y consolidación para reducir la temporalidad y cumplir la normativa, los detalles aún son una incógnita a expensas de la negociación. Los colectivos de interinos demandan que, siguiendo el Estatuto Básico del Empleado Público, se promuevan concursos de méritos a gran escala para regularizar la situación de todo el colectivo y no solo la de los los profesionales sanitarios, como propone el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contra la covid presentado por el Gobierno. «La situación es muy injusta. Se quieren quitar de encima a toda una generación de trabajadores. Hay mucha gente que depende de la consolidación de los interinos», incide María Jesús.

Desde la Plataforma de temporales en fraude de ley exigen una inspección inmediata para detectar a todos los afectados por el abuso de la temporalidad, así como la exclusión de sus plazas de los procesos selectivos en ciernes. Piden que se paralicen las oposiciones hasta que se determine una solución acorde al derecho comunitario para su fijeza o estabilidad, dada la disparidad de criterios en los tribunales. «Ni un despedido más sin inspeccionar antes la situación de abuso de todos los trabajadores temporales público», claman. La Plataforma también anuncia demandas individuales masivas, la impugnación de todos los procesos selectivos, querellas contra los responsables de las contrataciones ilegales, denuncias ante la Unión Europea y más huelgas.