La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, se ha reunido hoy con diferentes representantes de entidades del sector de la salud mental en contra del centro psiquiátrico penitenciario planteado para instalarse en Siete Aguas y se ha posicionado con la OMS y con expertos internacionales en salud mental que rechazan este tipo de "macrocentros" donde las personas con trastornos de salud mental grave se encuentran "lejos de casa y desarraigados, lo que dificulta poder hacer ese acompañamiento tan necesario en su rehabilitación".
En este sentido, Oltra ha defendido un modelo de tratamiento "comunitario, amable y próximo" para las personas con trastornos de salud mental privadas de libertad en infraestructuras "pequeñas". En general, para todas las personas que sufren un trastorno mental grave, la Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha puesto en valor los recursos que potencian la "autonomía personal" y buscan mantener a las personas con trastorno mental grave "en su entorno social y familiar a través de servicios de atención social complementarios a la atención especializada", como las viviendas tuteladas, los centros de rehabilitación e integración social (CRIS) y los recursos de orientación laboral que "favorecen su inclusión y su integración".
Rehabilitar en el ámbito de convivencia
La vicepresidenta ha abordado junto a las entidades el modelo a seguir en la Comunitat para tratar a las personas con trastornos mentales, y ha destacado la importancia de un sistema que permita la rehabilitación de estas personas "en su ámbito de convivencia". En este sentido, Oltra ha indicado que durante el segundo semestre de este año la Conselleria va a destinar 5 millones de euros para implantar este modelo de atención en las unidades de salud mental de las entidades locales.
Asimismo, ha señalado que se va a destinar un millón de euros a la convocatoria de programas que desarrollan las entidades y asociaciones del sector "para itinerarios de vida independiente en pisos supervisados para acompañar a las personas que sufren trastornos de salud mental grave en su proceso de reinserción e inclusión".
La vicepresidenta ha hecho hincapié en la importancia de que los recursos destinados a estas personas sean "pequeños y accesibles", próximos a sus domicilios familiares "para evitar el desarraigo", especialmente en los centros de atención ambulatoria como los CRIS donde se puede seguir la rehabilitación en su ámbito de convivencia.
"Necesitamos más sanitarios, no más ladrillo"
Por su parte, Javier Vilalta, de la asociación Àmbit y en representación de la Plataforma de Salud Mental Fuera de Prisiones apuntó que la alternativa al centro psiquiátrico penitenciario que se consensuó ayer es transferir la atención de salud mental penitenciaria a las autonomías. El problema en la atención a personas con trastornos mentales graves en las prisiones es que "faltan profesionales, lo que vulnera los derechos sanitarios de las personas privadas de libertad y pone sobre la mesa la falta de experiencia en una gestión digna por parte de Instituciones Penitenciarias en esta materia". El problema no es la obsolescencia de los edificios, han dicho desde la plataforma, "sino la desatención de las personas privadas de libertad con problemas de salud mental".
A modo de ejemplo, Vilalta apuntó que «en 2020 no ha habido psiquiatras en el psiquiátrico penitenciario de Fontcalent; desde 2018 ningún psiquiatra ha visitado la prisión de Castellón I y no hay atención primaria en los centros valencianos debido a la falta de profesionales». Por eso, dijo Vilalta, «la sanidad penitenciaria necesita recursos y no más ladrillo».
