La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, se reunió ayer con representantes de entidades del sector de la salud mental en contra del centro psiquiátrico penitenciario planteado para instalarse en Siete Aguas y rechazó este tipo de «macrocentros» —prevé dar servicio a 500 personas— donde las personas con trastornos de salud mental grave se encuentran «lejos de casa y desarraigados, lo que dificulta poder hacer un acompañamiento».
En este sentido, Oltra defendió un modelo de tratamiento «comunitario, amable y próximo» para las personas con trastornos de salud mental privadas de libertad en infraestructuras «pequeñas». La consellera valoró los recursos que potencian la «autonomía personal» y mantienen a las personas con trastorno mental grave «en su entorno social y familiar a través de servicios como las viviendas tuteladas, los centros de rehabilitación e integración social (CRIS) y los recursos de orientación laboral».
Por su parte, Javier Vilalta, de la asociación Àmbit y en representación de la Plataforma de Salud Mental Fuera de Prisiones apuntó que la alternativa al centro psiquiátrico penitenciario que se consensuó ayer es transferir la atención de salud mental penitenciaria a las autonomías. El problema en la atención a personas con trastornos mentales graves en las prisiones es que «faltan profesionales, lo que vulnera los derechos sanitarios de las personas privadas de libertad».
A modo de ejemplo, Vilalta apuntó que «en 2020 no ha habido psiquiatras en el centro penitenciario de Fontcalent; desde 2018 ningún psiquiatra ha visitado la prisión de Castelló I y no hay atención primaria en los centros valencianos debido a la falta de profesionales». Por eso, dijo Vilalta, «la sanidad penitenciaria necesita recursos y no más ladrillo».
