Un informe de febrero de 2018 de la consultoría Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, encargado por el Gobierno de Mariano Rajoy ya planteaba el pago por la utilización de las autovías por turismos y camiones. Una medida que preveía aplicarse en 2021 y con la que se pretendía recaudar 2.743 millones.
El entonces ministerio de Fomento, Íñigo de la Serna, solicitaba cálculos estimativos para obtener las tarifas que podrían aplicarse a las dos tipologías fundamentales de vehículos (ligeros y pesados).
En concreto, el Ejecutivo del PP pedía tres posibles opciones: la aplicación de tarifas solo a vehículos pesados, tarifas tanto a vehículos pesados como a vehículos ligeros con una relación 1,69 céntimos a uno, "basada en la media actual existente en las autopistas de peaje", y tarifas tanto a vehículos pesados como a vehículos ligeros con una relación de tres a un céntimo, "más acorde a las políticas europeas basadas en el principio de internalización de costes", según señala el citado estudio.
En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, se señala, además, que el "100% de dicha Red de Alta Capacidad pasaría a estar gravada". Y añade que esta medida "debería verse acompañado de la adopción de medidas adicionales en el resto de la red con objeto de evitar ineficiencias y desequilibrios no deseables en el uso del conjunto del sistema".
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha referido hoy a este plan del Gobierno popular y en el Congreso de los Diputados ha acusado al presidente del PP, Pablo Casado, de defender en privado ante las patronales la extensión de los peajes, como también planteaba Rajoy, por lo que le ha emplazado a aclarar si realmente los rechaza.
