Esta vez lo más gordo de la última operación policial relacionada con la corrupción política se lo llevará, en términos de imagen, el PSPV, pero el PP valenciano no se escapa de este nuevo terremoto político-judicial que tiene su origen en un pasado que no consiguen enterrar.
La etapa de Isabel Bonig al frente del PPCV tras perder la Generalitat fue un ir y venir de escándalos que boicoteaban ese proyecto de nuevo PP que buscaba la hoy saliente dirección regional. Pero los asuntos turbios del pasado siguen aún sin dar tregua a la marca.
La detención del ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de València, Alfonso Grau, en su día mano derecha de la exalcaldesa Rita Barberá, vuelve a poner el foco en la corrupción que campó a sus anchas en los tiempos de las mayorías absolutas y vuelve a ensombrecer un legado, el de Barberá y su núcleo duro, justo en el momento en el que los populares, en pleno proceso interno, lo reivindicaban.
La disputa pasa a segundo plano
No es de extrañar que recién arrancado el proceso para nombrar al nuevo presidente del PPCV, en el día de la nueva fase de la operación Azud, la disputa entre el candidato bendecido por Génova, Carlos Mazón, y el alternativo, el alcalde de Ayora, José Vicente Anaya, haya pasado a un segundo plano.
Y es que las detenciones reavivan una operación que tuvo su primera fase en abril de 2019 con la detención del cuñado de Rita Barberá, el abogado José Luis Corbín, y su socio, así como con la imputación en esa causa de su mujer y hermana de la fallecida alcaldesa y de las tres hijas del matrimonio, entre ellas Asunción Corbín Barberá, quien ha sido noticia hace unos días al trascender que la portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, Maria José Català, había propuesto ficharla como asesora del grupo en un claro guiño a los sectores y familias aún muy vinculadas a Barberá.
Este asunto no salpica directamente a ninguno de los futuros dirigentes del PPCV, incluida Català, llamada a ser la nueva secretaria general, pero que la corrupción vuelva a situarse en etapa de gobierno de Barberá, tampoco la beneficia en su ejercicio de oposición.
Cabe recordar que Català reivindicó este pasado cuando propuso para Barberá ser nombrada alcaldesa honorífica, un gesto criticado por la oposición que no tardó en recordar que tanto ella como casi todo el grupo parlamentario votó la reprobación de la entonces senadora.
La figura de Barberá ha vuelto, además, a resurgir de la mano del expresidente Camps empecinado en convertirse en su sucesor y que alude constantemente a quien fue su mentora en sus inicios políticos en el ayuntamiento. Camps, muy activo en redes sociales, no se ha pronunciado aún sobre la detención del hombre fuerte de Barberá.
Las movidas tierras populares, sobre todo en la provincia de València, han llevado incluso al candidato oficial, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, a asegurar que si gana el congreso regional pondrá en valor la figura del ex presidente Camps.
El propio Mazón, que comenzó su andadura política de la mano de otro expresidente, Eduardo Zaplana, intenta no pisar minas. De hecho, pone en valor los gobiernos populares, aunque reniega de las etiquetas, en su caso la de zaplanista por sus orígenes y por su cercanía a antiguos colaboradores de un expresidente que sigue en el punto de mira de la Justicia.
El equipo de Mazón seguía con interés las novedades de la operación judicial y, en todo caso, apuntaban que hay que respetar la presunción de inocencia. Recordaban los múltiples casos que han acabado archivados con gran perjuicio para los afectados.
