El mismo día en el que la última operación anticorrupción en suelo valenciano se saldó con la detención de quien ha tenido asignada la misión de velar por el cumplimiento normativo de una empresa pública como Divalterra, el director de la Agencia Antifraude puso el foco en la falta de controles internos efectivos que sigue ensombreciendo el funcionamiento del grueso de las sociedades mercantiles que componen el sector público instrumental de la Comunitat Valenciana.
Prueba de ello es que las normas autonómicas que desde 2012 obligan a estas entidades a incorporar en sus plantillas figuras como las de los auditores y controladores internos de legalidad para prevenir riesgos de corrupción y fraude «se han debilitado», «se están tomando poco en serio» y no se están aplicando en la mayoría de ellas salvo «en contadísimos casos», según censuró Joan Llinares durante su comparecencia en las Corts para desgranar la memoria de actividades de 2020 del órgano fiscalizador que dirige.
El motivo de este lastre son las restricciones de personal y los obstáculos presupuestarios con los que se topan las empresas públicas de la Generalitat. Llinares hizo hincapié en que, cuando estas entidades trasladan su voluntad de cumplir la normativa con la creación de las nuevas figuras de control, «se están encontrando con problemas para que les autoricen (desde la Generalitat)» a hacerlo. «La empresa privada va muy delante de la administración en este campo», subrayó el director de Antifraude, que mostró su sorpresa por las dificultades teniendo en cuenta que -tal como reveló- los gerentes de las empresas públicas reconocen que no pueden garantizar que no se estén produciendo determinados hechos fraudulentos en los entes que dirigen y que tampoco disponen del personal necesario «para gestionar un considerable presupuesto», profundizó.
Situaciones de riesgo alto
En ese sentido, Llinares hizo hincapié en la «desproporción» entre «lo que se le pide a una empresa pública» en materia de gestión y la capacidad que ésta tiene para controlar sus actuaciones a nivel interno. Una disonancia que, a su juicio, representa «una de las situaciones de riesgo más peligrosas» detectadas por la agencia.
«Si un contratista o suministrador sabe que la empresa pública no tiene capacidad para asegurar que las facturas que se presentan se comprueban hasta el último tornillo, ya sabemos lo que pasa», advirtió el responsable «Cuando no hay control podemos estar pagando facturas por servicios que no se han realizado o se han podido sobrevalorar», apostilló.
Precisamente esto último ocurrió en Divalterra, donde el jefe de servicios jurídicos, José Luis Vera -nombrado a dedo como tal y detenido ayer en la segunda fase de la Operación Azud- validó una serie de facturas giradas por la inexistente Fundación Cical -creada por el exnúmero 3 del PSPV- que más tarde han sido cuestionadas tanto por el auditor interno de la firma ligada a la diputación como por la propia Antifraude, que ha puesto en tela de juicio otras actuaciones de Vera, como la de intentar revocar el proceso de selección de la jefa de Recursos Humanos. Divalterra debía sacar a concurso la figura del director de prevención de riesgos penales y cumplimiento normativo, pero el propio Vera asumió las funciones.
De regreso a la comparecencia parlamentaria de ayer, a preguntas de Ciudadanos, Llinares se mostró partidario de cambiar la ley para impedir y castigar los casos de transfuguismo. El director del organismo fiscalizador valenciano aprecia un «elemento fraudulento» detrás de quienes mantienen el acta tras abandonar su partido e incluso un delito si la persona que se marcha de su grupo lo hace a cambio de un cargo público. «Es algo muy serio que se puedan producir estas situaciones», sentenció.
El jurista, que incidió en que la Agencia va a buscar una nueva sede en alquiler más barata a través de un concurso público, volvió a reclamar mayores controles en los contratos de emergencia del Consell y cuestionó el abuso de los reconocimientos de enriquecimiento injusto por parte de la Generalitat para saldar facturas no cubiertas por ningún contrato.
Antifraude considera nulos estos acuerdos cuando se convierten en la fórmula habitual para pagar servicios ordinarios y aboga por que se depuren responsabilidades sobre la generación de dichos pagos.
