Divalterra celebrará el lunes por la tarde un consejo extraordinario para decidir el futuro laboral del resposable jurídico de la empresa pública dependiente de la Diputación de València, José Luis Vera. La convocatoria se produce después de que el PP, Ciudadanos y Vox pidieran el jueves una junta general extraordinaria para abordar la situación procesal y laboral del también jefe de prevención de riesgos penales de la entidad.

El portavoz del Grupo Popular, Vicente Mompó, ha censurado hoy «la pasividad del presidente de la Diputación» por haber cesado del cargo a Vera, a lo que desde el entorno de Toni Gaspar responden que es en el seno de la empresa pública donde debe producirse el debate.

Mompó espera que Gaspar «asuma de una vez su responsabilidad y actúe en un caso que afecta al director de los Servicios Jurídicos, Transparencia y Prevención de Riesgos Penales de la principal empresa pública de la corporación provincial como es Divalterra».

Pese a que Vera ha sido detenido y en el día de hoy se está registrando su despacho en la empresa pública «tanto Gaspar como el presidente del Consejo de Administración de Divalterra, Ramiro Rivera, siguen sin tomar decisiones», asegura el portavoz popular.

Fuentes próximas ael presidente de la diputación aseguran que se tomarán decisiones respecto al técnico detenido en el consejo general extraordinario del lunes, previsto a las cinco de la tarde.

Denuncia ante Fiscalía

Desde los populares, por su parte, recuerdan que ya denunciaron ante la Fiscalía la actuación de José Luis Vera y del propio Ramiro Rivera en el caso del proceso de selección de la jefatura de Recursos Humanos en Divalterra, ha explicado Mompó, quien ha destacado que «siempre actuó sin dar cobertura a los miembros del tribunal de selección, ni al gerente al que acabaron cesando».

«Fue Ramiro Rivera en primera persona quien avaló la actuación de Vera en este asunto y Gaspar, posteriormente en la Junta, se negó a valorar el proceder del director de los Servicios Jurídicos de la empresa», ha recordado Mompó.

La inacción de Gaspar y Rivera «contrasta con la destitución de Rafa Rubio como subdelegado del Gobierno y que ha sido detenido en la misma operación».

Esta inacción de Gaspar «es muy llamativa», ha criticado Mompó, ya que es el tercer caso de personal de la Diputación que se ve inmerso en procesos judiciales.

El primero de ellos es el de José Luis Vera pero hay dos casos más. «Por un lado, Gaspar sigue sin actuar respecto al alcalde de l'Alqueria de la Comtessa, Voro Femenia, que continúa como asesor en la Diputación y el presidente lo mantiene como personal de confianza pese a que está procesado en el caso Alquería».

Y la alcaldesa de Llaurí, Ana González, «también sigue en su puesto como asesora en la corporación provincial pese a que fue condenada recientemente por los tribunales después de ser detenida por conducir bajo los efectos del alcohol».

Por todo ello, Mompó ha exigido a Gaspar que «actúe como presidente y tome decisiones para apartar a estas personas de la corporación provincial».

El Grupo Popular, junto a Ciudadanos y Vox ha registrado esta mañana un escrito solicitando la Junta General Extraordinaria de Divalterra para analizar este nuevo escándalo que afecta a un alto cargo de la empresa pública.