Trece de los catorce detenidos en la operación Azud II se encuentran desde esta mañana en el juzgado para prestar declaración ante la juez de instrucción número 13 de Valencia y el Fiscal Anticorrupción por su presunta vinculación con la trama de mordidas urbanísticas desmantelada esta semana por la UCO de la Guardia Civil en Valencia, Alicante, Ibiza, Madrid y Tomelloso (Ciudad Real).
En esta causa se investigan operaciones inmobiliarias ventajosas realizadas entre los años 2005 y 2010 tanto en Valencia como en otros ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, de las que se habría beneficiado el constructor valenciano Jaime María Febrer a través de su empresa matriz, Construcciones Valencia Constitución (CVC), y de otras mercantiles vinculadas a él tras haber corrompido supuestamente a políticos y funcionarios con mordidas en metálico y regalos de todo tipo.
Entre esos políticos se encontrarían Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia y mano derecha de Rita Barberà, y Rafael Rubio, hasta este jueves subdelegado del Gobierno en Valencia y que habría recibido dinero de esta trama corrupta mientras fue concejal de Valencia y líder de la oposición municipal. Los investigadores consideran acreditado que habrían recibido alrededor de un millón de euros el primero y 300.000 € el segundo.
Declarando en la Comandancia de Patraix
Además, desde primera hora de la mañana han comenzado a llegar a la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, en Patraix, los siete investigados en esta causa abierta desde hace dos años, y que nace de la Operación Azud II, desarrollada en abril de 2019 y en la que fueron detenidos el abogado José María Corbín, cuñado de Rita Barberà, y un socio suyo, e imputadas la hermana y las tres sobrinas de la alcaldesa del PP, a su vez esposa e hijas de Corbín.
Entre las personas que han llegado a declarar al cuartel se encuentra José María Cataluña, responsable de finanzas del PSPV durante décadas y un histórico del partido. Los investigadores han citado a Cataluña para preguntarle por algunas de las reuniones en las que habría actuado de intermediario entre la trama destapada, en cuyo centro se encontraría como presunto corruptor de políticos y funcionarios el constructor citado, y algunos ayuntamientos socialistas.
De momento, todos los investigados se han acogido a su derecho a no declarar y se han reservado para hacerlo, en todo caso, una vez que los cite la jueza, algo que sucederá a lo largo de las próximas semanas.
Delitos que se les imputan
Los delitos que se les atribuyen a los detenidos en la causa de la Operación Azud II son los de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal.
