La jueza del caso Azud decretó ayer el ingreso en prisión, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a los principales detenidos en el caso Azud, la trama de mordidas urbanísticas destapada a raíz de la investigación al cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá. Al cierre de esta edición debían ingresar en prisión preventiva el exvicealcalde de València, Alfonso Grau; el exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio; al empresario inmobiliario Jaime María Febrer, considerado el epicentro de la trama y responsable de los sobornos a políticos y funcionarios municipales; y el presunto ingeniero financiero de la trama, Joaquín P. R., acusado de dirigir las operaciones de lavado y obtención de dinero líquido a partir de facturas falsas desde su gestoría en Alicante.

También debe ingresar en prisión Mónica Montoro, representante de una conocida familia del sector inmobiliario de València. Está implicada en algunas operaciones presuntamente irregulares por las que empezó a ser investigado Febrer.

La jueza tomó esta decisión tras solicitarlo el fiscal Anticorrupción del caso Azud. Se trata de una medida extraordinaria y excepcional que se adopta para evitar la destrucción de pruebas, el riesgo de fuga y la supuesta continuidad delictiva, como sucedió en el caso Erial, cuando el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, también fue enviado a prisión junto a sus dos presuntos testaferros. También José María Corbín, abogado y cuñado de la alcaldesa de València durante veinticuatro años, Rita Barberá, fue enviado a la cárcel tras ser detenido en abril de 2019, donde permaneció casi un mes.

Cuenta en Luxemburgo

Además de evitar la destrucción de pruebas, tanto la titular del juzgado de Instrucción 13 como el fiscal Anticorrupción han querido evitar una posible huida al extranjero del empresario inmobiliario Jaime María Febrer, al que en el transcurso de la investigación se le ha descubierto una cuenta en Luxemburgo (país donde también tenían cuenta los presuntos testaferros de Zaplana).

Frente a la drástica decisión de decretar prisión preventiva para seis de los detenidos el pasado jueves, el resto de investigados quedaron en libertad con cargos, según confirman fuentes conocedoras de los hechos a Levante-EMV.

Así quedaron anoche en libertad, aunque acusados de diversos delitos, el abogado y jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, y una de las hijas de Alfonso Grau que fue detenida el pasado jueves en su vivienda, al igual que su padre.

Tampoco irán a la cárcel el empresario Federico Ferrando y los tres ‘factureros’ arrestados en Tomelloso (Ciudad Real), ni el otro empresario detenido en Alicante, cuyo nombre no había trascendido ayer, y a quien se acusa de haber participado en el entramado de ingeniería financiera que centrifugaba el dinero negro que supuestamente generaba el grupo liderado por el empresario inmobiliario Jaime María Febrer.

Por lo que respecta al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Xixona en 2005, Francisco Doménech Asensi (PP), arrestado el jueves por la tarde en su casa, la jueza también decidió decretar libertad provisional para él. La alcaldesa del municipio de l’Alacantí en aquel momento, Rosa Verdú Ramos, también del PP, no compareció ayer ante la magistrada y el fiscal, dado que su delicado estado de salud ha llevado a los agentes a decidir dejarla libre tras ofrecerle declarar, aunque con cargos y habiéndola informado de su obligación de acudir al juzgado cuando la instructora lo ordene.

La trama de prebendas y mordidas urbanísticas, con el constructor Jaime María Febrer y su empresa Construcciones Valencia Constitución en el epicentro del negocio, echó a rodar en el Ayuntamiento de València, pero acabó exportando el modelo de información privilegiada a otros consistorios de menor envergadura, tanto de València como de Alicante. La prueba es el listado de regalos con los que Febrer regaba a los políticos y funcionarios municipales y que obra en poder de los agentes del grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según ha podido saber Levante-EMV.

Entre las dádivas más cuantiosas estarían las recibidas presuntamente por Alfonso Grau (un millón de euros) y Rafael Rubio (en torno a 300.000 euros), por lo que se les acusa de cohecho.