Su familia solicitó un educador en el colegio para su hijo cuando el crío tenía 8 años y cursaba cuarto de Primaria. Hoy sus padres lamentan que vaya a pasar al instituto el próximo año sin haber tenido el apoyo escolar al que tenía derecho y tras un periplo judicial que les ha dado la razón. Lo pidieron en 2018, cuando el crío cambió de centro educativo tras sufrir acoso escolar.
Sergio (nombre ficticio) contó su historia en Levante-EMV en un reportaje que abordaba su diagnóstico: Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), uno de los dictámenes más frecuentes en la infancia (con una prevalencia del 6,8 %) y, sin embargo, el gran desconocido del sistema educativo.
Tres años después y tras varios procedimientos judiciales -recurso tras recurso de las dos administraciones implicadas (la Conselleria de Educación y el Ayuntamiento de València)- el caso llegó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que le dio, de nuevo, la razón a la familia porque es derecho del menor contar con el apoyo educativo que necesita. Pero no hay manera.
La familia ha ganado los pleitos, pero no ha conseguido que su hijo tenga el educador que le corresponde «para atender sus necesidaes educativas especiales con grado 3 de intensidad durante la jornada escolar, tanto en aula como en el período de comedor, tiempos libres y actividades complementarias».
El principal problema de este caso, o que lo diferencia de procedimientos similares, es que el colegio es municipal. Y es que el CEIP Fernando de los Ríos es uno de los tres colegios de gestión direta del Ayuntamiento de València.
Por ello, en los diversos recursos judiciales, las Administraciones plantean los problemas y se pasan la pelota de las competencias ya que aunque es la Conselleria de Educación la que debe sufragar el coste del educador para Sergio, es el ayuntamiento quien debe crear la plaza para que así pueda ser. Pero ni lo uno ni lo otro ha sucedido a día de hoy. Y el crío finalizará la etapa de Educación Primaria sin recibir los apoyos a los que tiene derecho a pesar de que «no se argumenta razón alguna para justificar el grave retraso en resolver» y que esto suponga «un grave perjuicio en la educación del menor», según consta en las diversas resoluciones. En todos los recursos presentados, los jueces condenan a las dos administraciones a pagar las costas del proceso .
Ahora bien, el Ayuntamiento de València (como responsable de la gestión del colegio) esgrime durante el procedimiento un argumentario que «vulnera» los derechos del menor, según consta en las sentencias, al asegurar que «el colegio no dispone de la figura» de educador que precisa Sergio, «y de haberse conocido esta necesidad no se hubiera permitido la matrícula» por lo que, según el juez «se aprecia vulneración de los derechos fundamentales en cuanto a igualdad de acceso a la educación».
Sobre las argumentaciones de las Administraciones sobre quien tiene las competencias, las sentencias recalcan que «si un centro no dispone de medios será la conselleria quien deba proveerlos» aunque el argumentario de esta es «que no puede dotar personal a un centro que no es suyo» ya que «no se puede proveer una plaza de un centro docente municipal igual que no se podría contratar personal y cederlo para que preste servicio dentro del ámbiro de organización y dirección de otro empleador».
Fotos de cara a la galería
La abogada de la familia, Sandra Casas, lamenta que el Ayuntamiento de València rinda homenajes y celebre actos el día de la Convención de la ONU por los Derechos de las Personas con Discapacidad «mientras una sentencia espera ser cumplida».
«La familia ganó el litigio pero como la conselleria decidió recurrirlo y el ayuntamiento no contratar el educador si la conselleria no se lo paga, pues ahí sigue el niño sin su apoyo mientras hacen fotos y actos en el ayuntamiento el día de la Convención de la ONU por lo derechos de las personas con discapacidad», explica Sandra Casas.
Y añade: «El abogado del ayuntamiento aseguró en el juicio que si hubieran sabido que el niño tenía una discapacidad no hubiera sido aceptado en el colegio municipal y que a quien le toca poner el educador es a la consellería aunque sea un colegio público y sus concejales de servicios sociales celebraran el año pasado el superhábit de millones de euros del ayuntamiento».
Ahora bien, la abogada asegura que el largo proceso juidicial también ha tenido consecuencias positivas. «El juicio ha servido para que este niño haya acabado el colegio junto a sus amigos, para que parasen las presiones de ‘en otro colegio estará mejor’, para que acabasen las expulsiones de este colegio tan inclusivo que expedientaba al niño esperando a que los padres cansados de tenerlo en casa se lo llevarán a otro cole, para que dejasen de llamarlos desde servicios sociales». Y defiende que hay que luchar contra las «injusticias de la Administración que predica una inclusión ficticia. Pero eso sí, el educador siguen sin ponerlo en el colegio. Esperemos que vayan ya dotando al instituto del educador y no hagan pasar a la familia por otro proceso, porque finalmente habrá que pedir responsabilidades si nuestros mandatarios incumplen las sentencias», concluye Casas.
