José Luis Vera se mantendrá momentáneamente como director de servicios jurídicos, transparencia y prevención de riesgos penales de Divalterra, pero será apartado del proceso de liquidación y extinción de la empresa pública dependiente de la Diputación de València, en el que ocupaba un papel activo como miembro de la comisión negociadora con los sindicatos. Es la decisión que ha acordado esta tarde por mayoría el consejo de administración de la firma convocado de forma extraordinaria tras la detención de Vera en el marco de la Operación Azud II.

El acuerdo final, propuesto por el secretario del ente, ha salido adelante sin votos en contra y con la abstención de los consejeros en representación del PP y Ciudadanos y de la presidenta del comité de empresa. La propuesta inicial apuntaba a mantener a Vera en todas sus funciones, pero la postura crítica de la oposición ha pesado para que finalmente el responsable jurídico -nombrado en 2015 como alto cargo a propuesta del PSPV- sea retirado del proceso de extinción, la principal misión en la que está enfrascada la mercantil.

El directivo de la empresa, investigado en la presunta trama urbanística de mordidas en la que fue arrestado junto al Alfonso Grau y Rafael Rubio, conservará de momento el sueldo y el empleo. Dentro de 15 días, el consejo de administración -con mayoría de técnicos y funcionarios- ha acordado volver a reunirse para valorar de nuevo la situación laboral de Vera por si hubiera alguna novedad en el proceso que se sigue contra él.

Esta mañana, el presidente de la diputación, Toni Gaspar, ha evitado pronunciarse sobre el arresto del jefe jurídico y ha asegurado que su cese no dependía de él, sino del consejo de administración. En cualquier caso, Gaspar ha querido dejar claro que la disolución, extinción y liquidación de la empresa pública "sigue su curso" y no se ve alterada por la detención de Vera. "No tiene nada que ver", ha declarado esta mañana antes de comparecer en la comisión sobre el fondo de cooperación municipal en las Corts.

El presidente de la diputación ya ha defendido en reiteradas ocasiones que ha de respetarse la presunción de inocencia y se ha apartado de la línea oficial de su partido en lo referente a expulsar a cargos públicos solo por ser imputados o estar investigados judicialmente. "Si fuera un cargo de confianza mío lo podría cesar, no puedo anticiparme", ha dicho. También ha recordado que en este órgano hay tres políticos (PSPV, PP y Cs) y "los demás son funcionarios de alto rango". En cualquier caso, ha rechazado dar su opinión personal porque "no sirve de nada en la administración", mientras cree que su posición política sobre los casos de corrupción es conocida. Ha recordado además que él decidió que el consejo dejara de estar "copado por políticos" y que un gerente ya fue cesado por este órgano. El presidente ha insistido en que no puede extralimitarse de sus competencias.