La Fiscalía ha incoado diligencias para investigar las presuntas irregularidades denunciadas por el grupo popular en la Diputación de València relativas al proceso de selección de la jefatura de Recursos Humanos de Divalterra.
El PP, que apunta a los posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación, asegura que en el transcurso del procedimiento se detectaron situaciones en las que los técnicos han denunciado "presiones" por parte del presidente del Consejo de Administración de la empresa pública, Ramiro Rivera. "Desde el mismo momento en el que se determinó la persona ganadora del proceso de selección se puso en marcha una operativa para intentar revocarlo", sostienen los populares.
Los intentos de anular la contratación de la jefa de Personal en base a las presuntas irregulariades recogidas en los informes del jefe de los Servicios Jurídicos de Divalterra, José Luis Vera –quien fue detenido recientemente en relación al denominado caso Azud II– fueron sin embargo abortados por el consejo de administración de la empresa pública, que votó mayoritariamente en contra de dicha propuesta.
Graves irregularidades
El portavoz del Grupo Popular, Vicente Mompó, afirma que se han producido "graves irregularidades" y ha valorado positivamente que el Ministerio Público haya iniciado las investigaciones para poder «aclarar lo sucedido», recordando que en el proceso de selección hay miembros del tribunal «que decidieron acudir a la Agencia Valenciana Antifraude para denunciar situaciones que no consideraban lógicas». Este organismo, que se pronunció contra los amagos de paralizar el procedimiento, incluso concedió a uno de ellos la condición de testigo protegido.
Hay otras denuncias recogidas en el Consejo de Administración de Divalterra por parte del exgerente, Antonio Mas, (cesado hace unos meses) en las que éste asegura haberse sentido «juzgado por parte del jefe de los Servicios Jurídicos sin darle la oportunidad de hablar».
Mompó ha recalcado que la investigación de la Fiscalía sobre la selección de la jefatura de Recursos Humanos de Divalterra se suma al procesamiento de Voro Femenia en el caso Alquería o al de la alcaldesa de Llaurí, Ana María González, que fue recientemente condenada por conducir en estado de embriaguez en la zona de ocio de la Marina de Valencia. Ambos son asesores de la Diputación.
A ellos se suma un tercero, Raúl Pardos, que es asesor-coordinador del PSOE en la Diputación y que acaba de ser procesado por presunta falsedad documental en la causa de los “zombis” de Imelsa . En este caso, además, se da la circunstancia de que Pardos suscribió dos certificados haciendo constar que un asesor prestaba sus servicios en Imelsa cuando todo apunta a que en realidad trabajaba para el PSOE como asesor del actua presidente de la Diputación, Toni Gaspar.
Por ello, Mompó ha pedido a Gaspar que «rompa su silencio y actúe con la ejemplaridad que exigen los valencianos». Ha recordado, por último, que esta tarde se celebrará un consejo de Administración de Divalterra, y que «cuatro días después de haber sido detenido y puesto en libertad con cargos, José Luis Vera sigue en el cargo de jefe de los Servicios Jurídicos.
