La polémica sigue rodeando al que fuera comandante jefe de la compañía de Paiporta de la Guardia Civil, apartado de ese destino tras hacerse pública una grabación en la que hablaba de «partirle las piernas» y «la cara» a la alcaldesa del municipio, Isabel Martín. El oficial fue comisionado de manera forzosa e inmediata el 17 de julio del año pasado por orden directa de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, tras tener conocimiento esta de las citadas grabaciones, así como de los expedientes y denuncias cruzadas con buena parte de su cadena de mando subordinada —llegó a haber un capitán, un teniente y un sargento de baja—. De hecho, fue comisionado forzoso a la Plana Mayor de la Comandancia de València para retirarle el mando de la compañía de Paiporta y alejarlo de allí.

Precisamente dos de esas denuncias, interpuestas por un capitán y un sargento y que incluyen acusaciones de amenazas y acoso contra el oficial, continúan bajo investigación judicial de los jueces togados militares centrales números 2 y 1, respectivamente.

Pese a ello y a las tensiones generadas con la alcaldesa y sus subordinados, la Dirección General de la Guardia Civil ha decidido otorgarle destino en la Comandancia de València, una de las cuatro que solicitó, todas ellas de libre designación. Fuentes oficiales de ese Cuerpo explicaron ayer a Levante-EMV que «habría sido ilegal dejarlo sin destino, si ha concurrido a una plaza para la que cumplía los requisitos». En cuanto al resto de plazas que pidió, todas en distintas comandancias andaluzas, no le fueron concedidas porque los mandos consideraron más idóneos a otros candidatos. Es decir, prefirieron a los otros.

De momento, el nombramiento únicamente recoge que ha sido destinado en el «Mando/Plana Mayor», sin más especificaciones, por lo que dependerá del coronel jefe, quien hasta ahora ha defendido la actuación del oficial, qué atribuciones le otorga. Algunas fuentes creen que se está valorando darle la jefatura delegada de Operaciones, es decir, la responsabilidad sobre todas las investigaciones de Policía Judicial y de Información (antiterrorismo y otras situaciones sensibles).

En todo caso, el nombramiento, publicado ayer en el Boletín Oficial de la Guardia Civil, llega en un momento poco oportuno: solo un día después de que la jueza togada militar de València archivara la denuncia que el comandante interpuso contra el citado sargento 1º. Y la archiva desmontando una por una las 14 acusaciones y aseveraciones que hizo el oficial contra su subordinado, y que considera «no acreditadas».

Varapalo judicial

El hecho central de aquel encontronazo entre ambos, tal como ha venido informando este diario, fue la incautación, el 17 de marzo de 2020, solo tres días después de la entrada en vigor del primer estado de alarma y el consiguiente confinamiento general de la población, del primer cargamento ilegal de material sanitario, que una empresa ofrecía de manera irregular por las farmacias cuando el mercado estaba totalmente desabastecido.

El sargento, que en ese momento actuaba como jefe del área de investigación de Paiporta e incluso del puesto (sus dos antecesores eran precisamente el capitán y el teniente con los que el comandante había tenido enfrentamientos y que en ese momento estaban de baja), confiscó, junto con el resto de los agentes del grupo, 600 mascarillas y casi 3.000 hidrogeles por los que el distribuidor, que fue detenido, pedía un precio muy por encima del de mercado.

El sargento abrió diligencias e informó a la jueza de Torrent, que acabó felicitando la actuación. Sin embargo, según él, en vez de recibir esa misma acogida por parte de su jefe, el comandante, lo que hizo este fue tratar de que abandonara hasta cinco veces esa investigación.A partir de ahí hubo, asegura, gritos y amenazas. Y acabó denunciándole.

Pero también el comandante a él. Yeso es lo que la jueza togada militar de València ha archivado ahora, aunque cabe recurso. La magistrada no solo considera «no acreditadas» las acusaciones y hechos que el oficial declaró ante ella, sino que además asevera que «no se da en este procedimiento ninguno de los delitos denunciados, ni ninguna acción penal recriminable al sargento primero».

Respecto a la orden que el oficial dio al sargento «de no continuar la investigación penal sobre las mascarillas», algo que incluso el oficial reconoció en su declaración ante la jueza, esta deja claro que no haberla acatado «no es constitutivo del delito de desobediencia» por parte del suboficial, porque el comandante no estaba facultado para darla —«no estaba entre sus atribuciones», matiza— y, además, «entraba en contradicción directa con la orden de la jueza de Torrent de seguir con la investigación e informarle de las novedades», como ocurre en cualquier acción policial en misión de policía judicial.