El estatus fiscal del que goza la Comunidad de Madrid, amparado por los ingresos y la capacidad económica que le permite la capitalidad y que facilita las bajadas de impuestos como ha denunciado recientemente la OCDE, ha resultado uno de los puntos determinantes en el triunfo de Isabel Díaz Ayuso en las pasadas elecciones del pasado 4 de mayo.
Siguiendo su estela, los tres partidos de la oposición en las Corts, PP, Ciudadanos y Vox, agitaron de nuevo ayer la bandera de la política tributaria para tratar de desgastar al Consell del Botànic. En su opinión, el gobierno valenciano ha impuesto un infierno fiscal a los valencianos. ¿Cuántas subidas de impuestos tenemos que soportar en esta comunidad? se preguntó en su estreno la nueva síndica del PP, Eva Ortiz, que sustituye a la defenestrada Isabel Bonig. «El Consell es un referente en asfixia fiscal», añadió la síndica de Cs, Ruth Merino.
Sin embargo, los datos oficiales dibujan un panorama muy distinto en la Comunitat Valenciana. El 96 por ciento de los contribuyentes no paga por los impuestos de Patrimonio o de Sucesiones, por lo que poner la cuestión tributaria en el centro del debate y defender la bajada de impuestos, beneficia al 4%, que son los tienen las rentas más altas.
En el caso del impuesto de Patrimonio en la Comunitat Valenciana 22.162 personas, con un patrimonio de 67.000 millones, son los únicos que pagaron en 2020. Son el 0,9% de los contribuyentes valencianos. En el caso del impuesto de Sucesiones en 2020 hubo 166.493 herederos, de los que el 87,6% no pagó nada y otro 1% menos de un euro. Solo el 3,8% del total de herederos (6.293) pagó más de 5.000 euros. Por lo que más del 96 % de la población no paga estos impuestos, según los datos que ofreció ayer el jefe del Consell en las Corts.
Mientras, Ortiz exigió a Puig que dé un puñetazo en la mesa de Pedro Sánchez por la subida de impuestos. Según dijo el Gobierno quiere un infierno fiscal para los valencianos y encarecer el circular por las autovías, llenar el depósito del coche o comprar un refresco. «No es el momento de aumentar los impuestos», dijo.
Merino insistió en que la subida de impuestos del Gobierno la va a pagar un 84 por ciento de la población, sin diferenciar entre ricos o pobres. «Un infierno fiscal para la clase media, para los emprendedores, para los autónomos y para las familias. Un infierno para afrontar la recuperación económica», remató la portavoz.
Ortiz asegura que el Consell calla ante la financiación, el IVA pendiente, los pagos de la dependencia que no llegan o el cierre del grifo del trasvase Tajo-Segura, aunque el propio Puig le recordó que el día antes en su comparecencia con la vicepresidenta Teresa Ribera volvió a insistir en que el trasvase es irrenunciable.
La vicepresidenta, Mónica Oltra, añadió que el Consell presentará «los recursos que haga falta» cuando se apruebe el decreto que reduzca el caudal del trasvase.
El sablazo es la corrupción
Mientras, Compromís aprovechó para defender que las coaliciones de gobierno son la mejor fórmula para frenar la corrupción y el síndic, Fran Ferri, aseguró en su intervención que el verdadero «sablazo» a los valencianos han sido los años de corrupción del PP. Ferri también anunció que presentará una iniciativa parlamentaria para pedir que se limiten los sueldos de los directivos de los bancos. En opinión de Compromís, no tiene sentido que cuando solo se han recuperado 3.000 de los 24.000 millones que costó el rescate de entidades como Bankia su presidente, Ignacio Goirigolzarri, ahora de CaixaBank, disponga de un sueldo de dos millones al año mientras se despiden trabajadores.
