Era uno de los proyectos estrella del constructor Jaime María Febrer, personaje central de la presunta trama de corrupción urbanística que se investiga en el caso Azud II: el macro PAI de El Espartal, al sur del casco urbano de Xixona, iba a ser un gigante de 7,3 millones de metros cuadrados en mitad de la nada, con un campo de golf, 5.400 viviendas residenciales, tres hoteles y hasta un polígono industrial y unos pisos de protección oficial. Y un pelotazo. Pero, una vez más, acabó saliendo mal.
Ese programa de acción integral (PAI), una de las principales operaciones urbanísticas sobre las que tienen puesta la lupa la UCO de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y la jueza de Instrucción 13 de València, fue ideado en 2005 por Febrer desde su empresa matriz, Axis - Construcciones Valencia Constitución (CVC).
Lo primero era embarcar al ayuntamiento. El promotor presentó un primer proyecto de 3,3 millones de metros cuadrados. El gobierno local, una coalición entre el Partido Popular, con Rosa Verdú Ramos al frente como alcaldesa, y un grupo independiente (PCIX), solo habría puesto una pega: que incluyese una serie de terrenos hasta alcanzar los 7,3 millones de metros.
No hubo problema. Febrer sumó esas parcelas al macroproyecto, incluyendo las de unos sobrinos del edil de Medio Ambiente, Francisco Doménech (PP), dejando en el centro una finca con casa de campo del concejal de Urbanismo (PCIX) y las de Rosa Verdú, lindando con el PAI. El convenio entre CVC y el Gobierno local se firmó el 22 de noviembre de 2005. Mes y medio después, el líder de la oposición, el socialista Ferrán Verdú, denunció a la alcaldesa —Rosa Verdú y Francisco Doménech son dos de los 14 detenidos en Azud II por este PAI—y a tres ediles por prevaricación y tráfico de influencias, y llevó ese convenio a los tribunales.
Solo era un pequeño escollo. El de de verdad, el que estaba resultando un quebradero de cabeza para Febrer, era conseguir agua para convertir aqule secarral en un inmenso vergel.
Es en ese contexto en el que aparece en esta escena José Luis Vera, actual director jurídico de Divalterra —ha sido mantenido en el cargo pese a su detención en Azud II—, antiguo magistrado de la Audiencia de València, asesor de Febrer en CVC y, sobre todo, mediador ante los gobiernos socialistas como hombre de reconocida influencia en el PSPV.
Gracias a sus contactos, y fracasadas otras vías para llevar agua aEl Espartal, Vera, a petición de Febrer, medió ante un alto directivo de la empresa estatal gestora del agua en las cuencas mediterráneas para buscar, con urgencia, un convenio que garantizase recursos hídricos suficientes al macropoyecto. En ese momento, los dirigentes de Acuamed estaban ligados al PSOE porque ya se había producido la llegada de Zapatero al Gobierno de España.
El primer contacto, que ahora investiga la UCO de la Guardia Civil se produjo en diciembre de 2006. Un mes después, en enero de 2007, Acuamed ya había firmado un acuerdo de intenciones con la alcaldesa y otros ediles sin pasar por el pleno. En aquel momento, la sociedad estatal proyectaba la desaladora de El Campello-Mutxamel, y trataba de llegar a acuerdos con los municipios de L’Alacantí para compartir gastos a cambio de recibir agua.
El acuerdo de enero implicaba que Xixona se sumaba a esos municipios, algo normal, pero lo que ha llamado la atención de los investigadores, además de los modos, son las urgencias entre los interlocutores. Y, sobre todo, las fechas.
Para entenderlo hay que volver atrás. Las hemerotecas recogen que, tras la denuncia de la agrupación local socialista, la promotora, CVC, se retiró repentinamente del proyecto para El Espartal. Fue en marzo de 2006, justo un mes antes de que la alcaldesa declarase ante la Fiscalía por la denuncia por prevaricación y tráfico de influencias.
La retirada, como se supo entonces y confirman los investigadores ahora, solo fue de cara a la galería. En abril, por ejemplo, la Conselleria aprobaba el concierto previo para el macro PAI. Todo seguía adelante. Y el 6 de junio, se presentó oficialmente, con boceto, maqueta y simulaciones por ordenador incluidos, el mismo proyecto con los 7,3 millones de metros cuadrados, con el campo de golf, los hoteles, las viviendas... Solo que ya no promovía CVC, sino Espacios Urbanos de Jijona, otra empresa participada por Jaime María Febrer. Los seis meses siguientes fueron una acelerada búsqueda de agua para salvar el escollo de los recursos hídricos.
Finalmente, la firma entre Acuamed y el Gobierno popular de Xixona adquirió formalidad al ser aprobado por el pleno el 27 de abril de 2007. Un día después, el 28, Espacios Urbanos de Jijona registró formalmente el proyecto para el PAI de El Espartal en el ayuntamiento.
Ellos no lo sabían, pero al proyecto le quedaban días de vida. Mayo fue fundamental. Por dos hechos no relacionados entre sí.
El 25 de ese mes, un juzgado de lo Contencioso de Alicante declaraba nulo el convenio de noviembre de 2005 a raíz de la denuncia del PSPV local. El magistrado afeaba a los populares, por un lado, haberse empeñado en sacar adelante un proyecto «marcadamente privado» que no solo carecía de interés público, sino que lo perjudicaba, y, por otro, haberlo hecho «eludiendo la normativa aplicable a los contratos de las administraciones públicas».
Durante dos días, la alcaldesa Verdú y sus concejales siguieron defendiendo el poyecto contra viento y marea, alegando, en una interpretación delirante, que la anulación judicial del convenio no afectaba al PAI en sí mismo.
El 27 hubo elecciones municipales. Los vecinos de Xixona, que habían manifestado su oposición a un macro proyecto con más oscuros que claros, se pronunciaron en las urnas: el PSPV ganaba las elecciones y, semanas más tarde, se constituía el nuevo Gobierno con Ferrán Verdú, puntal de las denuncias contra el PAI, a la cabeza.
Y fue ese Verdú, el socialista, quien enterró definitivamente aquel proyecto de cifras gigantescas. Un año después, en mayo de 2008, Verdú y el director general de Acuamed escenificaban la firma definitiva del convenio para que Xixona recibiese agua de la desaladora del Campello-Mutxamel. Ya no había intención de permitir un gran campo de golf, pero el municipio seguía necesitando agua.
