«Un consumidor informado es un consumidor libre». El conocimiento global sobre los productos que consumimos, cómo se fabrican, de dónde vienen y qué materiales los componen es «fundamental» para crear conciencia sobre la producción y consumo sostenible, una cuestión —tal y como dice la canción— que según como se mire, depende, pues se trata de buscar un equilibrio.
Estas son algunas conclusiones que se extrajeron en la jornada sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 12 de Producción y Consumo Responsable, tema central sobre el que se dialogó hace días en el Club Diario Levante, en una cita organizada por el periódico Levante-EMV y patrocinada por Caixa Popular, la Autoridad Portuaria de València y Grupo Gimeno. El encuentro, que estuvo moderado por el periodista Julio Monrea, contó con personas especializadas en el tema desde diferentes sectores, tal como acostumbra a pasar en estas citas sobre los ODS.
En esta ocasión, los ponentes fueron Carles Peris, secretario general de la Unió de Llauradors; Rafael Mossi, coordinador del área de Competitividad de la Cámara de Comercio de València; Vicent Vengut, responsable de Comercios de Caixa Popular; María José Reyes, catedrática de Derecho Civil de la UV especializada en protección de consumidores y usuarios, y Vicente Inglada, secretario de la Unió de Persones Consumidores de la Comunitat Valenciana, quienes aportaron su visión sobre los protocolos a seguir para conseguir un modelo de producción y consumo sostenible, tal como indica la agenda internacional.
¿Cómo? «Siendo conscientes de que la sostenibilidad se sustenta en tres patas, el medio ambiente, la economía y la parte social», tal como coincidieron los ponentes en sus intervenciones. Tres soportes que han de estar equilibrados y que no se aguantan si uno de ellos falta. En este sentido, Rafael Mossi, de la Cámara de Comercio de València explicó que «el beneficio se tiene que compartir socialmente mediante empleo», de la misma forma que lo apuntó Vicent Vengut, quien añadió que «sin una sociedad justa, no tenemos nada» y que para crear riqueza es necesario «crear empleo y también ganar dinero, pero no a cualquier precio». En ese sentido, el responsable de Comercio de Caixa Popular puso en valor su «proximidad con la sociedad» al estar en contacto constante con las empresas. Además de detallar que el «80 % de las oficinas se alimentan de fuentes renovables, además de digitalizar todos los archivos y reducir gastos innecesarios a través de bombillas led». Dos visiones del sector productivo que complementó Carles Peris, quien compartió en la mesa los sistemas de tecnificación de riego para cultivar productos en el campo valenciano que se van implantando poco a poco siguiendo las nuevas normas de la Unión Europea.
«Obsolescencia temporal»
María José Reyes, catedrática de Derecho Civil de la Universitat de València, apuntó, por su parte, que comprar de acuerdo a criterios sostenibles puede crear un «dilema» en ocasiones, pues sobre todo en crisis, «el producto ecológico es más caro y esto puede provocar una disyuntiva en las familias a la hora de decidir qué alimentos u objetos adquiere». Para la catedrática, estamos en un «cambio de ciclo» en el que se están implementando las garantías de los productos disponibles para su compra desde Europa, algo positivo porque «garantiza los derechos del consumidor» pero también advierte que hemos pasado de «una obsolescencia programada a una obsolescencia temporal». «Sale más barato tirar un aparato averidado y comprar otro nuevo que arreglarlo, es un factor económico, por lo que el reciclaje necesita mantenimiento».
Por su parte, Vicente Inglada, de la Unió de Consumidors de la Comunitat fue claro con lo que para él es necesario hacer para que el consumo sostenible sea una realidad: «Los gobiernos piden responsabilidad ciudadana, que consumamos sostenible, pero falla la administración propia, que ha de tener en cuenta que el ciudadano necesita modificar previamente sus hábitos con pedagogía» que, dice, «tiene que venir de las administraciones a través de campañas», si no, «el ciudadano solo ve que el producto ecológico es más caro».
Así, Inglada continuó: «La calidad de un producto debería ir acompañada de la calidad social, es decir, aunque sea más caro, que las personas sepan a qué contribuyen con ese precio añadido», dijo el portavoz de los consumidores. Es decir, «buscar un equilibro sostenible pero con precio razonable, no cobrando la mitad de lo que cuesta la producción», apuntó, por su parte, Peris.
«Pasar de lo idílico a lo real»
En el caso de la agricultura, continuó el representante del sector, «hay que pasar de lo idílico a lo real» pues, «a todos nos gusta lo sostenible, pero ¿cómo cambiar la realidad? Estamos encorsetados por las normativas europea y no podemos competir con los gigantes», apuntó.
Para Rafael Mossi, «la educación en economía es fundamental, así como toda la información sobre el consumo». Por otra parte, habría que plantear, a su juicio, una lluvia de ideas «rebajar el IVA a quien compre de proximidad y sostenible, ciertos incentivos». Mossi apuntó, por último, que «si queremos una economía más verde, la educación es fundamental para las empresas, no solo para los consumidores».
Inglada coincidió e incidió en la importancia del etiquetado para poder identificar los productos sostenibles. «Hay que buscar la equidad entre la economía y el medio ambiente».
La ciudadanía, dijo Inglada «es responsable, pero sobre todo en las crisis económicas la economía familiar se resiente y eso afecta a las decisiones de consumo». A lo que Vicent Vengut añadió que «sin trabajo de calidad es imposible ser sostenibles» y que «las personas son libres cuando tienen cubiertas sus necesidades». «Ahí pueden elegir cómo consumir», apuntó.
María José Reyes, por su parte, puso el acento en que la economía no es la única que mueve el consumo. «También son las emociones, las sensaciones, el ir al agricultor de tu tierra y oler una naranja de los campos de proximidad». «Eso son vivencias además de compras», dijo la catedrática. «No puede ser que las temporadas se desdibujen porque hay de todo durante todo el año», añadió Inglada.
Vengut, por su parte, admitió que desde su perspectiva, la pandemia ha ayudado a que la ciudadanía «redescubriera el comercio local» y estos establecimientos también se han modernizado por las necesidades de la situación. «Se adaptaron a la pandemia, dieron servicio a domicilio, para recoger, incluso algunos informaban vía WhatsApp de las novedades semanales», recuerda. Algo que, sin embargo, no ha tardado en revertir. La razón, según Vicente Inglada es que «los mercados no se adaptan a los horarios de los ciudadanos y hace falta una modificación de hábitos tanto en el ciudadano como en el tejido empresarial», dijo el secretario de consumidores.
El pepino envasado
Comercio local. Sí. Pero la pandemia también ha dado un impulso al comercio on-line. Lo que genera otro tipo de residuos de plástico y cartón, además de los desplazamientos internacionales para abrir la puerta y encontrar un paquete a tu nombre. Para Carles Peris, la tendencia tiene que acercarse a embalajes de materiales biodegradables. Rafa Mossi, sin embargo, rechaza «demonizar un material», en este caso el plástico y defiende el «depende» de la función que tenga cada material.
Inglada apoya esta tesis e incide en la «seguridad alimentaria» y su importancia, que pasa por conservar un producto en un embalaje, normalmente de plástico. «Para que dure más hay que envasarlo, tenemos que tender a lo sostenible pero con los pies en el suelo, de una manera racional y dialogando con las empresas», dijo. «Los pepinos van envasados en plástico y la gente se queja, lo que no sabe es que el motivo es la normativa europea, es obligatorio que vaya cubierto». Al tiempo que apuntó que «los plásticos no llegan a las playas si nadie los tira, es necesario educar a la ciudadanía».
Los ponentes llegaron a la conclusión de que, si bien es necesario cambiar el modelo de producción y consumo a uno sostenible, el objetivo no será posible si no viene acompañado de pedagogía, cambio de hábitos e implicación por parte de las administraciones para equiparar precios.
«Pedimos investigación de alternativas a los pesticidas»
Carles Peris, secretario general de la Unió de Llauradors de la Comunitat Valenciana apunta que es necesario garantizar «un protocolo de importación seguro» y que «el producto viaje lo justo». Peris denuncia una «descapitalización» del sector agrario porque las obligaciones y limitaciones que marca Europa no van acompañadas de ajustes en el mercado para ser competitivos y sostenibles a la vez. En este sentido, el secretario de la entidad apuntó que «es necesario invertir en investigación» pues actualmente no hay una alternativa a los pesticidas «que sea orgánica, reciclable y proteja los cultivos». «Las restricciones de Europa a los pesticidas nos dejan sin plan potente para proteger nuestros productos», dice el representante de la Unió. Por eso, pide que se invierta más y «más rápido» en investigación para descubrir parásitos que combatan las plagas. Por otra parte, «la falta de investigación hace que vayamos por detrás de las plagas», como es el caso del «cotonet de Sudáfrica», que afecta a los cítricos valencianos y que ya está extendida porque la cría estéril «va con retraso por la falta de financiación», algo que impide que los productos agrícolas del territorio «puedan aprovecharse al 100% para su distribución», pues sufren malformaciones que impiden su venta. Así, los agricultores se ven en la obligación de desechar una parte de sus cosechas por estar infectadas por una plaga. «Hay que luchar biológicamente contra las plagas, el futuro será difícil si no podemos usar pesticidas ni tenemos alternativas, acabaremos desechando el producto»
