Los expedientes sancionadores resueltos en la Comunitat Valenciana por Interior por infracciones graves a la Ley de Seguridad Ciudadana durante el primer estado de alarma (en vigor entre el 15 de marzo y el 20 de junio de 2020) han supuesto una cuantía de 14,1 millones de los que 8,3 millones son sanciones abonadas mediante el pago anticipado. Las subdelegaciones del Gobierno de Valencia, Alicante y Castelló han resuelto 12.095 expedientes de sanciones impuestas hasta el 20 de junio del año pasado y tramitan otras 8.238 propuestas. El castigo administrativo por no respetar las restricciones para frenar el coronavirus ronda entre los 601 y los 30.000 euros. La estadística no recoge los datos de Cataluña y País Vasco.

A nivel nacional, los expedientes sancionadores resueltos por infracciones graves suman 115 millones de euros, de los que 51 millones se resolvieron mediante el pago anticipado de la multa. Las sanciones hasta el levantamiento del primer estado de alarma ascienden a 87.047 sobre las que ya hay propuesta de resolución y 75.217 con el expediente concluido con la bonificación por pago anticipado. En la mayoría de los casos se han resuelto con la sanción mínima y prueba de ello es que el pago medio entre los expedientes con propuesta de resolución es de 732 euros y entre las sanciones acogidas al pronto pago asciende a 687 euros.

Por comunidades autónomas, con la excepción mencionada de Cataluña y País Vasco, Andalucía es la que se encuentra a la cabeza en número de expedientes con propuesta de resolución, en multas abonadas con el descuento del pronto pago y en expedientes en tramitación, seguida en los tres casos de Canarias. La Comunitat Valenciana es la tercera autonomía por conclusión del expedientes con 12.094 sanciones abonadas con descuento que suponen un importe de 8.338.705 euros.

En cuanto a los expedientes con propuesta de resolución, de los 63,7 millones de euros que suman el conjunto de los tramitados hasta este mes por multas del primer estado de alarma, una tercera parte de ellos proceden de Andalucía, donde se localizan 28.876 infracciones por un importe conjunto de 23.241.377 euros.

En Canarias se han propuesto 10.919 sanciones por 9,25 millones de euros; en Castilla y León 8.339 por importe de 5,78 millones; en la Comunitat Valenciana 8.288 por 5,8 millones; y en Castilla la Mancha 8.075 que suman 5,13 millones de euros.

A la cola en sanciones registradas por el procedimiento ordinario se sitúa La Rioja, que únicamente acumula 20 expedientes en tramitación y 90 con propuesta de resolución por importe de 63.875 euros, aunque ha tramitado por procedimiento abreviado 4.144 propuestas de sanción.