Jaime María Febrer, el constructor bajo investigación en el caso Azud II, considerado el eje central de la trama de corrupción urbanística que pagaba mordidas a políticos y funcionarios a cambio de adjudicaciones ventajosas, ya fue investigado, y absuelto, en un proceso judicial por delito fiscal vinculado a la compra de varias de las parcelas que debían integrar uno de sus proyectos estrella, el macro PAI de Xixona.
Es precisamente una de las operaciones inmobiliarias que la unidad central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y la jueza de Instrucción 13 de València tienen bajo su lupa en el caso Azud II porque en la gestación de ese proyecto urbanístico gigante, que incluía un campo de golf, tres hoteles y 5.400 viviendas residenciales, hubo, según creen, delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
Entre los detenidos e investigados en Azud II relacionados con ese fallido pelotazo inmobiliario, además de Febrer y el considerado como su ‘ingeniero financiero’, el alicantino Joaquín P. R., están dos miembros del que era entonces el equipo de Gobierno de Xixona, ambos del PP: la exalcaldesa, Rosa Verdú, y el ex concejal de Medio Ambiente, Francisco Doménech.
Aunque esta es la primera vez que se investiga ese macro PAI como parte de una trama de corrupción, la Justicia ya había reparado en alguna de las operaciones inmobiliarias incluidas en aquel megaproyecto, pero desde otra perspectiva: el fraude a Hacienda.
Las inspecciones de Hacienda
Curiosamente, tanto ese procedimiento tangencial a Azud II como este mismo comparten origen: una inspección de la Agencia Tributaria. En el caso de Azud, todo empezó a partir de la investigación fiscal sobre la declaración de la renta del cuñado de Rita Barberá, el abogado José Luis Corbín, detenido en la primera fase de esta operación de la UCO.
Y en el del procedimiento que arrastró a Febrer, fue la detección, por parte del fisco, de un pago en ‘b’ y ciertas irregularidades en la compraventa de terrenos a través de una sociedad instrumental.
Ocurrió entre junio y octubre de 2006, justo cuando el constructor pensaba que le iba a salir bien el macro PAI que pretendía levantar en la partida El Espartal de Xixona con la presunta connivencia de la alcaldesa y un concejal.
Febrer estuvo investigado y procesado, pero en el último momento evitó el banquillo y fue absuelto de delito fiscal, porque ni la Abogacía del Estado, ni la Fiscalía le acusaban. Su presencia en ese caso obedece a que fue la sociedad creada por él para sacar adelante el macro PAI de El Espartal, la mercantil Espacios Urbanos de Jijona —la verdadera, CVC, se había retirado meses antes tras una denuncia ante la Fiscalía—, que resultó salpicada en la compra de unas parcelas dentro de los 7,3 millones de metros cuadrados que tenía aquel megaproyecto.
Revisando aquello, Hacienda detectó en 2011 un fraude de más de 184.000 euros con esa operación. La operativa fue la habitual. El 2 de junio de 2006, los propietarios originales del suelo vendieron por 781.314 euros las fincas a una inmobiliaria constituida ‘ad hoc’ —la jueza habla de «sociedad instrumental»—. Ese mismo día, la inmobiliaria revende los terrenos a la mercantil de Febrer Espacios Urbanos de Jijona por 1.380.000 euros, más 220.800 de IVA.
Sin embargo, cuando llega la hora de escriturar, el 4 de octubre de 2006, las cifras bailan considerablemente. La sociedad pantalla declara haber pagado 481.314 euros, es decir, 300.000 menos. Y Febrer ratifica lo suyo: 1.380.000 euros, más 220.800 de IVA. Sin nadie que lo acusara de estar detrás de la operación, el constructor quedó al margen del asunto. Cuatro de los enjuiciados, vinculados con la inmobiliaria en su mayoría, fueron condenados a dos años de prisión.
Patón, el financiador
El quinto, un antiguo ex director de Costas de la provincia de Alicante durante la década de los 80, decidió colaborar y se fue del proceso con seis meses de cárcel.
Ese hombre, Fernando Patón —condenado en otra causa a tres años por hechos casi idénticos— acabó confesando que su papel en esta operación había sido la de generar el dinero para pagar las comisiones y la parte en negro de la transacción. Así, unos días antes de escriturar, varios de sus familiares sacaron de sus cuentas 491.000 euros. Y en los días posteriores, desde las cuentas de la sociedad pantalla llegaron a la de Patón 470.500 —el resto, más los intereses pactados con la trama, según contó a la jueza, lo había recibido en mano—. Con ese sistema, afirma la magistrada, burlaban parte del pago de impuestos.
