La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, optó por acudir a un acto en Toledo con el presidente, Pedro Sánchez, y el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, y nadie del ministerio recibió a los representantes de los cerca de 4.500 agricultores, trabajadores y empresarios del sector hortofrutícola de Alicante, Murcia y Almería que ayer tomaron el Paseo de la Castellana de Madrid para exigir al Gobierno que dé marcha atrás y no recorte el trasvase Tajo-Segura.

Problemas en la salida

La convocatoria resultó todo un éxito pese al boicot inicial del Gobierno, que había limitado la presencia de camiones y mantuvo retenida la caravana dos horas en Ifema, punto de encuentro, donde se concentraron 200 camiones, algo que alteró las previsiones de los propios organizadores, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y el Círculo del Agua. Al final y tras mil y una negociaciones con la Policía Nacional, la Delegación de Gobierno de Madrid dio el visto bueno y junto a diez camiones marcharon por el Paseo de la Castellana dos mil coches particulares llegados de las tres provincias, y unos treinta autobuses. La cita final a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica, donde no estaba la ministra Ribera ni nadie del ministerio para escuchar a los agricultores, a pesar de la intención de cambiar las reglas de explotación de la transferencia y aumentar el caudal ecológico del río Tajo, lo que recortará en 200 hectómetros el envío anual de agua a Alicante, Murcia y Almería.

El presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, reclamó a la ministra Ribera que reconsidere su posición de reducir el volumen transferible en el trasvase Tajo-Segura (cuando esté en nivel 2) y aumentar los caudales ecológicos en parte del Tajo porque puede suponer un golpe de «consecuencias impredecibles» para la agricultura del sur de la C. Valenciana y murciana.