El equipo de gobierno de la Diputación de València ha dado luz verde este mediodía al dictamen que da inicio al proceso de liquidación y cierre de Divalterra únicamente con el apoyo del PSPV y Compromís en el seno de la comisión informativa especial para la transformación del sector instrumental. Con carácter previo, el documento ha obtenido el importante respaldo de los representantes de los trabajadores, cuyas aportaciones se han incluido.
Tanto el PP como Ciudadanos, en cambio, han votado en contra del acuerdo, invocando la continuidad de José Luis Vera como jefe jurídico de la empresa pública pese a su detención en la Operación AzuD II, junto a otras investigaciones y procesos judiciales que pesan sobre la firma de las brigadas forestales. Por su parte, Vox y La Vall ens Uneix han optado por la abstención.
La portavoz de Cs, Rocío Gil, ha defendido que "no se puede avanzar en la disolución de Divalterra mientras siga como responsable de asuntos jurídicos y prevención de riesgos penales José Luis Vera". "No tiene ningún sentido que sea el encargado de realizar informes y asesorar a la empresa cuando está siendo investigado en una presunta trama de corrupción", ha esgrimido la diputada, a tiempo que ha advertido de que "la solución ha de pasar necesariamente por apartar a Vera".
El portavoz popular en la comisión, Ximo Segarra, cree que existe demasiada rapidez con el procedimiento y ha recordado que la empresa cuenta con superávit, por lo que, a su juicio, "no hay un motivo económico para abordar su cierre". El PP, además, sostiene que el dictamen en el que se apoya el inicio del proceso no justifica suficientemente la decisión.
Por otra parte, los populares recalcan que, al margen de la detención y posterior puesta en libertad con cargos del jefe de los Servicios Jurídicos en el marco del caso Azud, existen otros cuatro casos que analiza la Agencia Valenciana Antifraude y una investigación que ha puesto en marcha la Fiscalía Anticorrupción sobre actuaciones, pagos y contrataciones que afectan a la gestión de Divalterra.
"Hasta que no se den las circunstancias adecuadas para abordar una decisión de tanto calado el Grupo Popular se va a mostrar en contra del cierre de la empresa y menos con las prisas que muestra el presidente de la Diputación", ha incidido la formación, que mantendrá su postura en la próxima Junta General de Divalterra.
La portavoz de Cs, por su parte, también ha criticado que hoy se ha presentado un documento de los sindicatos anexo al dictamen "en la misma comisión y sin tener tiempo para estudiarlo".
El dictamen aprobado en la comisión de hoy comienza informando que la Diputación, en el ejercicio de su potestad de autoorganización, ha iniciado el expediente para la gestión, por parte de la propia entidad, de las competencias y funciones de la provincia que en la actualidad gestiona la mercantil Divalterra, así como la consiguiente disolución y extinción de la empresa. A su vez, solicita al Consorcio Provincial de Bomberos que asuma la gestión del servicio provincial de prevención de incendios forestales mediante las Brigadas Forestales.
Tanto la Diputación como el Consorcio de Bomberos adscrito a la misma continuarán prestando todos los servicios que en la actualidad presta Divalterra, con la misma infraestructura y plantilla de la empresa. Se establecerá una fecha de aceptación en la cual tendrá lugar la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones de Divalterra al ente provincial y el Consorcio, así como el personal, vehículos, equipamiento informático, material de oficina y mobiliario de carácter inventariable.
En el dictamen tratado en la comisión especial para el cierre de Divalterra se informa también de que la Diputación financiará íntegramente el coste del servicio que asuma el Consorcio Provincial de Bomberos, con el fin de no poner en riesgo la sostenibilidad financiera del ente adscrito a la corporación.
Liquidadores y transferencia de servicios
La hoja de ruta incluye la propuesta a la Junta General de Divalterra de la disolución de la sociedad, que lleva aparejado el nombramiento de los liquidadores que gestionarán los servicios de la actual mercantil hasta la fecha de aceptación definitiva en la que la Diputación y el Consorcio asuman todas las competencias.
En cuanto a la Diputación, se hará cargo de la promoción turística de la provincia de Valencia, de la que hasta ahora se encargaba el Patronato desde Divalterra; de la información territorial que se ofrece a los ayuntamientos a través de la herramienta ‘Geoportal Dival’; de la coordinación y dinamización de la Red de Agencias de Desarrollo Local de la provincia; del servicio de comunicación y el registro de documentos de Divalterra; y del asesoramiento jurídico, transparencia y protección de datos de la empresa pública.
Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos asumirá la gestión directa de las brigadas forestales y de los más de 500 empleados que realizan trabajos de silvicultura y prevención de incendios, bajo un mando único que ya venía tomando las decisiones en materia de prevención y extinción de incendios.
En la fecha en que se determine la asunción de funciones, la Diputación y el Consorcio se subrogarán en todos los convenios de colaboración, contratos y acuerdos suscritos por la mercantil Divalterra, y asumirán los contratos temporales de obra y servicio del personal laboral de Divalterra que se encuentre en esta situación. De la misma manera, los procesos de selección de personal que se hayan iniciado deberán finalizarse.
Razones del cierre
El escrito expuesto este martes en la comisión especial para el cierre de Divalterra incluye los motivos que han llevado al presidente Gaspar y el equipo de gobierno provincial a acometer el proceso de disolución de la empresa creada en 1988 con el nombre de Imelsa. Según recoge el texto, “acontecimientos recientes que analiza la Justicia y la inadecuación de la naturaleza jurídica y el objeto social de la empresa a las actividades que en la actualidad realiza han llevado al pleno de la Diputación, constituido en Junta General de Divalterra, al convencimiento de que la sociedad mercantil no es la fórmula más adecuada de gestión”.
En este sentido, la decisión se toma teniendo en cuenta el informe conjunto de Secretaría e Intervención de 23 de marzo de 2021, que considera “necesaria la transformación del sector público de la Diputación” y apunta que “la solución más conveniente es la disolución y extinción del organismo autónomo Patronat Provincial de Turisme y la sociedad mercantil Divalterra S.A. y que la Diputación recupere las funciones y servicios que les tiene encomendados, excepto la de prevención de incendios forestales”.
