El seguimiento practicado por la Sindicatura de Comptes sobre las inversiones y ayudas repartidas por las diputaciones en los ayuntamientos deja bastante mal parada a la corporación provincial de Alicante respecto a sus hermanas de València y Castelló, al menos en lo que se refiere a los principales indicadores evaluados entre los ejercicios 2017 a 2019.

Una de las conclusiones extraídas de la auditoría que se ha conocido hoy es que, en el citado periodo, se incrementaron notablemente las ayudas para inversiones en entidades locales respecto al bienio anterior (2014-2016), sobre todo en la Diputación de Castelló, que elevó su desembolso por habitante de 51 a 83 euros. La Diputación de Alicante se mantuvo como la corporación provincial con menos gasto per cápita pese a aumentarlo de 52 a 65 euros, mientras que la Diputación de València continuó siendo la que efectuó una mayor inversión por habitante aunque la redujo de 99 a 90 euros en el último tramo de la pasada legislatura, cuando se vio sacudida por la Operación Alquería.

Por otra parte, mientras que las diputaciones de València y Castelló delegan en los consistorios beneficiarios la contratación de la práctica totalidad de sus inversiones financiadas, la de Alicante todavía asume de forma directa el 41,4% de las mismas.

En esta diputación, que en el momento analizado estaba presidida por César Sánchez (PP), la Sindicatura observa cómo la distribución de las ayudas para inversiones "es menos objetiva y equitativa que en el periodo anterior", a causa del incremento de las ayudas directas, que pasaron de representar 3,5 millones de euros entre 2014 y 2016 a 28,6 millones de euros entre 2017 y 2019. Un 24% del total de las subvenciones tuvieron carácter nominativo. Aún así, el porcentaje se equiparó con el promedio registrado en las diputaciones de Castelló y de València, que mantuvieron o mejoraron ligeramente el grado de objetividad y equidad en el reparto de ayudas.

El organismo fiscalizador también pone el foco en que la Diputación de Alicante siguió sin disponer de criterios objetivos de reparto de las ayudas aprobadas por los planes provinciales entre 2017 y 2019, además de experimentar un retroceso en cuanto a la eficacia y eficiencia en la gestión de los programas, puesto que fue con diferencia la corporación que acumuló mayores retrasos en las actuaciones financiadas. De hecho, a finales de 2020 las diputaciones de Castelló y València tenían constancia de la finalización del 89,8% y el 86,5% de las actuaciones financiadas en los municipios a través de los planes 2018 y 2019, mientras que la de Alicante solo había completado el 24,5% de inversiones sufragadas.

Aún así, la única entidad presidida por el PP (las otras dos lo son por el PSPV) mantenía una posición ventajosa en aspectos como la ausencia de fraccionamiento, el rápido pago a los beneficiarios y el control financiero permanente de las actuaciones. En el periodo examinado, la Diputación de València era la que más tardaba en pagar: una media de 71 días, cuando el resto lo hacía por debajo de los 60.

En cuanto a la gestión de los planes provinciales de obras y servicios, la Sindicatura hace hincapié en que tanto la Diputación de Castelló como la de València han mejorado la objetividad del reparto de las ayudas, incrementando los criterios a tener en cuenta. Pese a ello, se mantienen "deficiencias importantes", como la ausencia de revisiones físicas de las actuaciones, las limitaciones informáticas para conocer datos actualizados de ejecución, la ausencia de controles sobre los beneficiarios para que acrediten el no fraccionamiento de las actuaciones subvencionadas o la ausencia de un plan estratégico de subvenciones. Estas dos últimas son cuestiones que la Diputación de València se ha comprometido a subsanar.

Pero lo cierto es que de todas las recomendaciones formuladas por el organismo fiscalizador de la Generalitat en el informe anterior de 2019, las corporaciones provinciales solo han implantado una o dos. En ese sentido, la de Alicante ha incorporado en el plan de 2018 un criterio para asignar los remanentes resultantes de las bajas de licitación, mientras que la de Castelló considera el criterio de adjudicación “mejoras” como menor importe de las ayudas otorgadas en el plan provincial. La Diputación de València ha ampliado los plazos de ejecución previstos en las bases ante la pandemia del COVID-19 para favorecer su cumplimiento y ha incorporado el coste efectivo de los servicios en los criterios de reparto de las ayudas.