La juez sustituta del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Diputación Provincial de Valencia, Alfonso Rus, y otros siete acusados en el marco de la pieza separada D del ‘caso Taula’, relativa a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de "call center" para la empresa pública Imelsa. 

El “centro de atención multicanal a los contribuyentes” de la Diputación de València se “externalizó” en 2012 mediante una encomienda de gestión a la empresa pública Imelsa (Impulso Económico Local SA). La privatización de este servicio, bautizado como “call center” y adjudicado a la empresa Servimun el 20 de mayo de 2013, se justificó desde todas las instancias de la institución provincial, entonces dirigida por Alfonso Rus, como una manera de mejorar el servicio de atención telefónica tributaria a los contribuyentes. Aunque el proceso para la adjudicación estuvo, presuntamente amañado, para que la empresa Servimun ganara el concurso. Todo por la amistad que existía entre un funcionario de la Diputación de Valencia investigado en estas causa y responsable del contrato, Salvador Deusa, y Mariano López, ex suegro de Marcos Benavent.

La resolución, que es firme y solo puede ser recurrida en lo relativo a la situación personal de los encausados, señala como órgano competente para el enjuiciamiento de esta causa la Audiencia Provincial de Valencia. A la vista del escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal, la instructora tiene por dirigida dicha acusación contra Rus como presunto autor de delitos continuados prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. 

 

En el caso del que fuera gerente de Imelsa, Marcos Benavent, los delitos que le atribuye la acusación pública son prevaricación y malversación, también con carácter continuado. 

Pide 8 años de prisión para Rus, 4 años y seis meses para Benavent y 13 para el empresario y exsuegro de Benavent, Mariano López

 

Además, la causa se dirige contra otros seis acusados -bien como autores directos o como cooperadores necesarios- por delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales, así como contra la empresa Servimun SL como responsable civil subsidiaria. 

La Fiscalía Anticorrupción también ha presentado su escrito de acusación en esta pieza separada en el que pide 8 años de prisión para Alfonso Rus, 4 años y seis meses para Marcos Benavent y 13 para el empresario y exsuegro de Benavent, Mariano López, y el propietario de la empresa Servimun, adjudicataria del contrato del Call Center, Fernando Palomares.

 

En el auto, la juez requiere a seis de los encausados para que presten una fianza de 1.184.906 euros a fin de cubrir las posibles responsabilidades pecunarias que en su día pudieran declararse procedentes.