El seguimiento practicado por la Sindicatura de Comptes sobre las inversiones y ayudas repartidas por las diputaciones a los ayuntamientos deja mal parada a la corporación provincial de Alicante en la comparativa con sus homólogas de València y Castelló, al menos en lo que se refiere a los principales indicadores evaluados en el bienio comprendido entre 2017 y 2019.

La auditoría retrata cómo la Diputación de València lideró la inversión en dicho periodo, con un desembolso de 90 euros por habitante, mientras que la de Castelló elevó sus inyecciones a las entidades locales de 51 a 83 euros y la de Alicante se mantuvo, con 65 euros, como la corporación provincial con menos inversión per cápita, un 30 % por debajo de las otras dos. Si bien las diputaciones de València y Castelló delegaron en los consistorios beneficiarios la contratación de sus inversiones financiadas, la de Alicante siguió asumiendo de forma directa el 41,4 % de las mismas. En esta última diputación, presidida en el momento analizado por César Sánchez (PP), la Sindicatura observa cómo la distribución de las ayudas para inversiones fue «menos objetiva y equitativa que en el periodo anterior», a causa del incremento de las ayudas directas, que representaron el 24 % del total de las subvenciones.

La Sindicatura también pone el foco en que la Diputación de Alicante siguió sin disponer de criterios objetivos de reparto de las ayudas de los planes provinciales y retrocedió en eficacia y eficiencia, puesto que fue con diferencia la corporación que acumuló mayores retrasos y conflictividad en la ejecución de las actuaciones financiadas en su provincia.

A finales de 2020, las diputaciones de Castelló y València tenían constatada la finalización del 89,8% y el 86,5% de las inversiones sufragadas en municipios a través de los planes 2018 y 2019, mientras que la de Alicante solo había completado el 24,5% de las actuaciones contempladas en el bienio.