El ex vicealcalde de València, Alfonso Grau, ha recurrido su ingreso en prisión decretado por la titular del Juzgado de Instrucción 13 de València, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el pasado 15 de mayo, tras ser detenido en la operación Azud II, que investiga una presunta trama de mordidas y tratos de favor en adjudicaciones urbanísticas en el Ayuntamiento de València y otros consistorios de la C. Valenciana.
Grau ha presentado el recurso de apelación ante la sección tercera de la Audiencia de València, la que se encarga de revisar los recursos contra las decisiones del Juzgado de Instrucción 13, para que revoque su ingreso en el centro penitenciario de Picassent donde ya ha pasado doce días, según confirman a Levante-EMV fuentes de las defensas.
Al estar secreta la causa, las partes desconocen el contenido del alegato que ha presentado Grau ante la sección tercera de la Audiencia de València para acceder a la libertad provisional. No obstante, el abogado que se encarga de su defensa ya argumentó cuando pasó a disposición judicial, el sábado 15 de mayo, que su estado de salud era delicado para intentar evitar que la jueza decretara prisión provisional para él. El ex vicealcalde de València cumplirá 80 años a lo largo de 2021.
Sin embargo, la magistrada, en consenso con la Fiscalía, adujo el interés por preservar las pruebas como argumento central para justificar la medida de privación de libertad, ya que, estimaron que cinco de los 14 detenidos aún podían destruir evidencias o alterarlas de no decretar el encarcelamiento.
Precisamente los achaques físicos han llevado a los responsables de la cárcel de Picassent a estimar conveniente ingresar al ex vicealcalde en el pabellón de Enfermería, donde puede recibir una mayor atención sanitaria, aunque su estado es «bueno», según las fuentes a las que ha tenido acceso este diario.
La Enfermería, donde el ambiente es mucho más tranquilo que en otros módulos, también se encuentra ingresada la empresaria Mónica M., detenida e investigada en la misma causa. Inicialmente, el médico que la visitó nada más llegar a prisión estimó la conveniencia de considerarla candidata a ser incluida en el programa de prevención de suicidios (PPS). Sin embargo, experimentó una mejoría de ánimo importante que finalmente hizo innecesario aplicarle ese protocolo preventivo.
Los otros tres detenidos que fueron enviados a prisión para preservar las pruebas y evitar su fuga —esto último, solo aplicado a alguno de los arrestados— son el ex subdelegado del Gobierno en València, Rafael Rubio; el constructor considerado eje central de la trama de corrupción urbanística, Jaime María Febrer; y el supuesto ‘ingeniero financiero’ de la red, que presuntamente procuraba dinero líquido para pagar las mordidas comprando facturas falsas, el alicantino Joaquín P. R.
De momento, los tres permanecen en el mismo módulo de ingresos en situación de cuarentena, medida que se aplica a todos los presos, tanto los que entran por primera vez en la penitenciaría, como es el caso, como los ya ingresados que salen de permiso. Obviamente es una medida que se aplica de manera preventiva para evitar contagios de covid-19.
Una vez superados los primeros catorce días que la prisión fija como cuarentena, deberán ser sometidos a pruebas PCR y, si son negativas, serán destinados tres días después a módulos ordinarios dentro del pabellón de preventivos.
En principio, lo más lógico es que sean llevados a unidades de baja conflictividad y con reclusos acusados de delitos a los que les corresponden penas cortas.
De momento, y mientras signa en cuarentena, tendrán sus actividades diarias recortadas y limitadas prácticamente a los paseos diarios de entre dos y tres horas, con salidas al patio en pequeños grupos.
