Desde el pasado 13 de mayo Carolina (nombre ficticio porque no quiere ser reconocida) ha visto cómo su vida se ha venido abajo. De estar con su hija de 12 años en un piso del alquiler en Santa Pola desde hace unos siete años, abonando los pagos diligentemente y amueblando desde cero la vivienda, con su esfuerzo y responsabilidad, a, ahora, dormir en el sofá en casa de una hermana junto a unas pocas bolsas y maletas con las escasas pertenencias que ha podido recoger y, además, separada de su pequeña, que se ha tenido que ir a vivir a la residencia de una amiga. Estos son algunos de los efectos de un desahucio que, aseguran Carolina y su abogado, no se le notificó como es debido por parte del juzgado.
Su pesadilla comenzó hace apenas dos semanas. Estaba en el trabajo cuando la llamaron para decirle que estaban cambiando el bombín de la puerta y que tenía unos minutos para recoger lo básico. No salía de su asombro. Años pagando el alquiler e, incluso luego, los gastos de la comunidad del edificio porque el arrendador, finalmente un fondo buitre, no se hacía cargo de estos, para verse de repente ella y su hija en la calle.
Carolina considera que no se han respetado sus derechos y la situación la desborda, sobre todo porque su núcleo familiar se ha deshecho: no puede estar con su hija porque no hay sitio para las dos.
La historia arranca en 2014. Carolina alquila el piso en un edificio de un constructor. A este le va mal, deja de pagar las hipotecas y es embargado por un banco. A partir de aquí, esta vivienda y otras del mismo edificio en la misma situación pasan por diferentes dueños hasta caer en un fondo buitre. El resultado es que la nueva propiedad deja de pagar la comunidad. Mientras, la afectada seguía ingresando el correspondiente alquiler.
Como consecuencia de que la propiedad del inmueble no pagara la comunidad, los vecinos aprueban bloquear el ascensor, con una llave especial, a aquellos inquilinos que no están al día. Carolina y su hija viven, vivían, en un cuarto piso, por lo que decide hacer frente ella también a todos los gastos de la comunidad pasados y presentes. Eso sí, en vista de que el arrendatario no asume los gastos comunitarios y ella tiene que asumirlos, dejar de pagar el alquiler, más que nada porque sus recursos son muy escasos.
«El día 13 me voy a trabajar y me llaman diciendo que están cambiando la cerradura y que me dejan entrar rápido para que pueda coger algo de ropa mía y de la niña», relata la afectada.
Para colmo el 18 de mayo recibe un mensaje de que tiene que vaciar la casa de manera casi inminente. «No tengo ni dónde meterme yo misma, como para buscar un sitio donde dejar mis muebles», apunta desde el mismo borde de la desesperación una persona que lo único que pide es tener un juicio para que sea escuchada.
Pero para ella todo esto se ha desencadenado porque no se le notificó como es debido, es decir, fehacientemente y en tiempo y forma el desahucio, en persona y con preaviso. Cree que posiblemente dejaron un papel en su buzón y alguien lo tiró, al tiempo que recuerda que con la propiedad actual no mantiene ningún contrato de alquiler. El único contrato de alquiler que tiene es el firmado en su día con el constructor.
Los hechos se han comunicado al juzgado número 7 de Elche y se ha pedido la nulidad del desahucio. Es más, según su letrado, el actual fondo buitre es un viejo conocido de la Justicia y ya anteriormente se han tomado acciones previas siempre en favor de los desahuciados.
«Se han violado mis derechos constitucionales. No se cercioraron de que me habían notificado el desahucio a alguien con un menor a su cargo», afirma esta vecina.
Su abogado insiste en que no se agotaron todas las medidas para comunicarle el desahucio, que al parecer le dejaron un aviso para que fuera a recoger la demanda y la notificación y que además se llegó a notificar por edicto, con lo cual llegó el lanzamiento y ella no lo sabía. El letrado agrega además que Servicios Sociales de la villa marinera ya conoce el caso puesto que está en una situación de vulnerabilidad, sin olvidar que ahora, de cara a plena temporada alta, a ver cómo encuentra un alquiler accesible en Santa Pola. «No soy una delincuente», defiende con impotencia Carolina.
