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Las siete desaladoras prevén abastecer este año a más de 500.000 habitantes

La producción de las últimas cuatro instalaciones estrenadas todavía es mínima comparada con su capacidad

Edificio principal de la desaladora de Sagunt. d. tortajada

Con el debate del trasvase Tajo-Segura en plena efervescencia y el gobierno valenciano encabezando las protestas en Madrid para que el ejecutivo de Pedro Sánchez no modifique este importante aporte hídrico para la agricultura alicantina, vuelve al primer plano la cuestión de las desaladoras, esa multimillonaria inversión que en gran parte se acometió con el también presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El Estado (con parte de financiación europea) ha destinado cerca de 660 millones en la Comunitat Valenciana para desalinizar el agua del mar y hacerla apta para el consumo humano o cualquier otra necesidad, ya sea agrícola o industrial. Fue la gran apuesta para paliar episodios de sequía y reducir la dependencia a los trasvases.

Por primera vez todas las plantas de desalación de la Comunitat Valenciana están en funcionamiento, tras la puesta en marcha de las cuatro últimas construidas: Sagunt, Moncofa y Orpesa arrancaron en 2019, mientras Mutxamel lo hizo en diciembre de 2020. En total, en nuestro territorio hay siete infraestructuras, con una previsión para este año de llegar hasta los 128,8 hm3, es decir que podrían alcanzar el 73 % de la capacidad de producción que tienen. La mayor parte del agua desalada sale de las centrales alicantinas (176 hectómetros), mientras que las últimas cuatro están aún muy lejos de alcanzar una producción rentable.

De las siete plantas de la Comunitat Valenciana, dos gestionadas por el Ministerio de Transición Ecológica en Alicante, y las otras cinco por la empresa pública Acuamed. Con la infraestructura actual hasta 785.000 valencianos se podrían beneficiar del agua desalada (un 15 % de la población total). La previsión para este año es que las siete instalaciones de nuestro territorio puedan abastecer a más de medio millón de personas, principalmente en la provincia de Alicante (hasta el 80 por ciento de sus habitantes), donde más déficit hídrico existe.

«Respecto a hace dos años hemos mejorado mucho la situación de las desaladoras con su puesta en marcha, pero hemos de seguir mejorando. Las infraestructuras son muy provechosas y el agua desalada claramente ofrece grandes beneficios como sustitutivo de aguas con peor calidad que llegan de los trasvases o que estropean los acuíferos. Pero además el agua de las desaladoras es capaz de garantizar el suministro de agua, algo muy importante que en ocasiones los políticos no tienen en cuenta», explican fuentes de Acuamed a este periódico. Además, hay que reseñar que la instalación de Torrevieja, la más grande de España, destina el 99 por ciento de su producción para riego de cultivos o jardines.

El quid de la cuestión está en el coste del agua desalada, que se ha reducido muchísimo en las últimas dos décadas. Cuesta menos de la mitad que valía, por ejemplo, hace 15 años. «Con el aprovechamiento de la infraestructura los costes aún bajarán más y serán claramente más rentables para los municipios», señalan desde Acuamed, que ponen por ejemplo el caso de Orpesa. «Allí el agua procedente del mar les sale mucho más barata respecto al anterior suministro, porque ahora se puede beber directamente del grifo y, al ser de mejor calidad, también beneficia la salud de los distintos aparatos, que se rompen mucho menos», argumentan.

En el otro extremo está Sagunt. Según Acuamed al municipio del Camp de Morvedre el agua que le llega del trasvase del Xúquer les sale a unos 40 céntimos el metro cúbico, mientras que si optara por el agua desalada el coste se incrementaría unos 20 céntimos más por metro cúbico. La empresa pública echa cuentas y le salen unos 7 euros más anuales por metro cúbico, sin resaltar todos los beneficios expuestos anteriormente.

Pero Sagunt, por ejemplo, es uno de los municipios que no ha querido firmar un nuevo convenio provisional con Acuamed para aprovechar el agua de su planta desaladora. El problema es que, cuando se construyeron las nuevas plantas, los ayuntamientos del área de influencia se comprometieron a asumir los costes de amortización de las depuradoras durante 25 años, que ahora muchos consistorios consideran inasumibles por su excesiva carga y baja rentabilidad. Por ello, en 2018 Acuamed «lanzó una estrategia para proponer acuerdos provisionales» con los consistorios, con cánones más asumibles. Orpesa y Moncofa accedieron, pero en Sagunt siguen batallando para que el Estado asuma esos costes. Acuamed ha encontrado un cliente industrial que le da algo de vida a la planta, pero está completamente infrautilizada.

En Mutxamel, la CHJ lanzó un ultimátum a los municipios del área. Ya no pueden explotar los acuíferos por serio peligro de agotamiento, por lo que les obliga a consumir agua desalada. Aguas de Alicante accedió a firmar una adenda del convenio original, el Campello se negó en el pasado Pleno (aunque la justicia podría obligarles a hacerlo) y Mutxamel lo hará en cuanto esté construida la infraestructura de conexión en dos años.

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