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"Usaron Imelsa para distribuir dinero público como si fuera suyo"

Anticorrupción pide 8 años de cárcel para Rus por amañar el contrato del «call center»

Alfonso Rus, Mariano López, 
Marcos Benavent y Salvador 
Deusa (detrás a la izquierda), 
en la boda de Benavent, en 
2005. Perales iborra

Alfonso Rus, Mariano López, Marcos Benavent y Salvador Deusa (detrás a la izquierda), en la boda de Benavent, en 2005. Perales iborra

La adjudicación presuntamente fraudulenta del contrato del «centro de atención multicanal a los contribuyentes» de la Diputación de València o «call center» volverá a sentar en el banquillo de los acusados al expresidente de la institución provincial, Alfonso Rus, el exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent y seis personas más. La jueza sustituta del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia notificó ayer a los ocho acusados la apertura de juicio oral que se celebrará el próximo año en una de las cinco secciones de la Audiencia Provincial de València.

Rus y Benavent se enfrentan a una nueva petición de penas de cárcel del Fiscal Anticorrupción 8 años y 4 años y seis meses, respectivamente. Aunque la condena más elevada que solicita el Ministerio Público es para los empresarios Mariano López y Fernando Palomares, que se enfrentan a doce años de cárcel, como responsables (de forma solapada el primero y oficialmente el segundo) de la empresa Servimun, adjudicataria del call center de la Diputación de València.

Unas penas elevadas que el Fiscal Anticorrupción solicita porque considera que los políticos procesados «utilizaron la empresa pública para repartir favores, utilizando los fondos públicos en contrataciones que no respondían a un verdadero ejercicio de funciones dentro de la sociedad, distribuyendo el dinero público como si fuera suyo con el perjuicio que ello supone para las arcas públicas».

Adjudicación «fraudulenta»

Un perjuicio que la Fiscalía Anticorrupción valora en 870.811,06 euros, más otros 17.869,06 euros por los gastos que realizó Imelsa para poner en marcha el centro de atención de llamadas y que debería haber abonado Servimun y que suman 888.680,12 euros.

La «adjudicación fraudulenta», en palabras del Fiscal Anticorrupción, comenzó desde el minuto cero del proceso. «Rus utilizó de forma torticera una encomienda de gestión a Imelsa, la primera de la vulneraciones de la legalidad cometidas para lograr sus propósitos» ya que esta posibilidad no fue legalmente posible hasta 2015.

El proceso de adjudicación del «call center» a Servimun contó con la presunta complicidad de dos funcionarios de la Diputación de València, procesados en la causa: Salvador Deusa (amigo personal del empresario Mariano López) y jefe de sección de Evaluación y Planificación y Ricardo Ángel de Mari, jefe de servicio, ambos de la Diputación de València que justificaron la externalización del servicio, informaron sobre las propuestas presentadas «para predeterminar la adjudicación a la empresa Servimun».

La empresa de Fernando Palomares ganó el concurso, presuntamente amañado, porque presentó una serie de mejoras (atención en fines de semana, gestión de redes sociales para el centro) que Servimun «no ejecutó desde el inicio de la ejecución del contrato» ni «tuvo una expresión material y efectiva durante la vigencia del contrato pese a ser determinantes en su adjudicación».

Finalmente, concluye el fiscal, «en 2015, pese a los intentos de Mariano López de presionar a varios diputados para que se siguiese con la farsa de dicha contratación, no es renovada por los informes negativos y la comprobación de la inutilidad de dicho servicio por el nuevo equipo directivo de Imelsa».

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