El promotor Jaime Febrer, investigado en el caso Azud II como uno de los empresarios que presuntamente pagaba mordidas y regalos a cambio de favores urbanísticos en València y otros municipios, se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 13 de julio por un presunto delito contra la Hacienda Pública, en grado de tentativa, y otro de falsedad en documento mercantil.
Junto a Febrer serán enjuiciados su ‘ingeniero financiero’ en la presunta trama de mordidas investigadas en esta segunda fase de Azud, el empresario Joaquín P. R., también en prisión preventiva desde el 15 de mayo por los hechos que investiga Instrucción 13. Dos promotores más Francisco M.P. y Juan Alberto O. S., junto a siete empresarios más del sector de pieles, cueros y calzado que colaboraban en diluir el rastro del dinero pagado en actuaciones urbanísticas.
Los hechos que se juzgarán a partir del 13 de julio en el Juzgado de lo Penal 7 se remontan al año 2007 cuando los empresarios Jaime Febrer, Francisco M. P. y Juan Alberto O. S. como representantes de la empresa l’Illa de Naxos SL «solicitaron indebidamente una cuota a devolver en el impuesto del IVA del ejercicio 2007 superior en 256.000 euros a la que legalmente correspondería», según el escrito de acusación de la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de València, al que ha tenido acceso Levante-EMV.
Para solicitar esta devolución indebida, los tres empresarios «consignaron en la declaración del impuesto como IVA soportado el importe derivado de cuatro facturas, de 464.000 euros cada una de ellas». La Fiscalía de València relata que la empresa l’Illa de Naxos SL se constituyó el 1 de junio de 2005 y en ella estaban representadas tres sociedades en nombre de los tres principales empresarios procesados en esta causa. L’Illa de Naxos SL se convirtió el 15 de noviembre de 2005 en agente urbanizador del programa de actuación integrada (PAI) El Charco 1 y 2 de la Vila Joiosa, por cesión de las empresas de los tres investigados principales, que también cedieron el contrato de prestación de servicios en el PAI que habían suscrito en 2004 con la empresa Fersa Consultora de Servicios SL.
Este trasiego de ventas de derechos de urbanización generó una facturación entre las empresas investigadas que levantó las sospechas de la Agencia Tributaria. «Solicitaron un importe a devolver de 495.846,7 euros, que no fue materializado por la administración», según recoge la Fiscalía, al iniciar una inspección tributaria a las empresas investigadas.
La investigación permitió descubrir una relación de facturas falsas entre la empresa de Jaime Febrer, Construcciones Valencia Constitución SL y Fersa Consultora de Servicios SL ya que esta última «carecía de la infraestructura necesaria para realizar los trabajos que reflejaba en las facturas».
