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La propuesta del Gobierno del cese de interinos fracasó en el Consell de Lerma

El Ejecutivo socialista fijó en la ley de 1991 el plazo máximo para el personal y después lo eliminó tras admitir su ineficacia y espoleado por la Justicia

El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, en el Congreso de los Diputados. | EFE

El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, en el Congreso de los Diputados. | EFE

La propuesta del Ministerio de Política Territorial que dirige Miquel Iceta para reformar el Estatuto Básico del Empleado Público e impedir que un interino pertenezca más de tres años en una plaza pública no es ninguna novedad.

De hecho, esta prohibición fue incorporada en la legislación valenciana en la etapa de Joan Lerma, pero duró apenas tres años. El Ejecutivo socialista se vio obligado a retirar esta fórmula tras constatar que no daba solución a los problemas existentes en el ámbito de la función pública, al tiempo que generaba problemas jurídicos. De hecho, el Tribunal Supremo acabó pronunciándose en contra del cese del personal temporal que, según su propia doctrina, solo puede ser destituido tras la cobertura reglamentaria de la plaza con un sistema de provisión definitiva.

Se fija el plazo de tres años

Uno de los platos fuertes de la propuesta del Gobierno para reformar la norma básica que regula la función pública en España y que tiene efectos directos en todas las comunidades autónomas es que a partir de su entrada en vigor ninguna Administración podrá tener en nómina a personal temporal en una misma plaza durante más de tres años.

Las plazas vacantes ocupadas de forma interina deberán cubrirse de forma reglamentaria durante este tiempo y en caso contrario y, de forma obligatoria, deben incluirse en la oferta de empleo público de este ejercicio. Según el borrador de la iniciativa, los órganos competentes en materia de personal serán responsables del incumplimiento de estas exigencias.

La primera ley valenciana de función pública, la de 1985, no recogía límite temporal alguno para el nombramiento de interinos, si bien se introdujo en el texto refundido aprobado en 1991 con Emerit Bono como conseller de Administraciones Públicas.

Sin embargo, tan solo tres años después, en 1994, esta ley se modificó de forma urgente y, entre otras cuestiones, se suprimió el límite de tres años. En la exposición de motivos, el Consell admitía que esta regulación había dado lugar «a una desnaturalización de la figura del interino dado que su provisionalidad debe quedar siempre exclusivamente subordinada al tiempo necesario para que el puesto de trabajo sea proveído por funcionario de carrera».

En aquella época ya, el Consell empezó a vivir reveses judiciales que con el tiempo desembocarían en doctrina del Supremo en contra de este tipo de cuestiones que suponen un trato desigual para el personal interino respecto al de carrera. De hecho, la propuesta de Iceta chirría con la directiva europea en esta materia y con las últimas sentencias del Tribunal de la Unión Europea. La de mayor calado es la que constata el abuso de la temporalidad en España e insta al Gobierno a dar una solución. La propuesta de Iceta ha generado un profundo malestar entre el personal temporal y buena parte de los sindicatos al entender que ni da solución al personal interino existente (la medida no tiene carácter retroactivo) ni al que esté por llegar ya que hay muchos resquicios que las Administraciones podrían seguir usando para mantener a los temporales.

Iceta ha anunciado también una oposiciones exprés, con pruebas que primen más la experiencia que la memoria, pero no hay nada por escrito. Desde el Consell siguen pendientes de lo que decida el ministerio, aunque en la Comunitat Valenciana el plato fuerte de esta reforma fue una experiencia fallida.

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