La Diputación de València se ha visto obligada a cesar a la jefa del servicio de Medio Ambiente como consecuencia de una resolución de la Generalitat que prohíbe expresamente a la corporación provincial seguir prorrogando la comisión de servicios en virtud de la cual la funcionaria -habilitada nacional con plaza como secretaria-interventora en el Ayuntamiento de Novetlè- llevaba más de tres años ocupando la plaza. La ley de Función Pública establece que este puesto debe cubrirse mediante convocatoria pública por libre designación y no puede permanecer en comisión de servicios -sin la requerida publicidad- durante más de seis meses.
La empleada llegó a la jefatura de servicio gestionada por Compromís en 2018 de la mano del exdiputado Josep Bort, su máximo valedor. Poco después, el cese del anterior jefe de Medio Ambiente fue anulado por un juzgado que condenó a la diputación a readmitirle e indemnizarle. Dicha sentencia fue revocada parcialmente en noviembre de 2020 por el Tribunal Superior de Justicia, que mantuvo la nulidad del cese por falta de motivación pero libró a la corporación de tener que reincorporar y resarcir al exempleado.
La habilitada nacional llegó al puesto con una comisión de servicios de un año de duración que posteriormente se prorrogó anualmente hasta en dos ocasiones. La tercera y última solicitud, sin embargo, fue denegada el 11 de mayo por la Dirección General de Administración Local de la Generalitat.
El escrito del órgano autonómico, que recoge una queja de UGT por la situación de la plaza, subraya que el litigio existente con el anterior jefe de servicio ha dejado de ser un impedimento para sacar el puesto a convocatoria pública, como se alegaba desde Medio Ambiente para justificar el retraso.
La última comisión de servicios concedida a la funcionaria caducó en abril, aunque ésta ha mantenido sus funciones hasta que se decretó su cese, este martes. Su regreso, en cualquier caso, puede ser cuestión de tiempo. Apenas seis días después de la resolución de la Generalitat, la diputación aprobó las bases para cubrir la jefatura a través de un proceso de libre designación cuestionado desde el ámbito sindical por la sustancial modificación del perfil buscado para la plaza, a la que se le atribuyen funciones de índole estrictamente jurídica (pese a que ya existe una jefatura jurídica en el mismo departamento) en detrimento de aptitudes técnicas vinculadas al área, con más peso en el anterior acuerdo de cobertura de 2014.
Los cambios, que irían dirigidos a garantizar la «repesca» de la funcionaria, fueron objeto de alegaciones y podrían acabar en los tribunales. Las comisiones de servicios no dejan de traer polémica a la diputación. Antifraude ya advirtió de irregularidades en el abuso de esta práctica, a laque el presidente, Toni Gaspar, ha comenzado a poner coto.
Hace poco, el TSJ ratificó la nulidad de un decreto de 2017 que prorrogaba muy por encima del límite legal la comisión de servicios del actual edil socialista en València Aarón Cano en otra jefatura.
