PSPV, PP, Compromís, Ciudadanos y Unides Podem, todos los grupos con presencia en las Corts menos Vox han acordado esta mañana el dictamen de la comisión de estudio sobre las medidas de prevención de los riesgos de inundaciones en la Vega Baja del Segura, después de año y medio de trabajos en los que han participado 85 expertos en materia territorial, urbanística e hídrica.
El dictamen plantea numerosas medidas para reducir la vulnerabilidad social, económica y ambiental ante futuros episodios de Dana como el ocurrido en septiembre 2019. Los responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura se han negado a participar al entender que las Corts no tiene competencias ya que el organismo está adscrito a la Administración General del Estado, en contra de la opinión de los cinco partidos y de los letrados de la Cámara ya que la presencia de los técnicos del Segura era relevante por ser la competente en la planificación y gestión del dominio público hidráulico.
Entre el 11 y el 14 de septiembre de 2019 se produjo un episodio de precipitaciones torrenciales, históricas y catastróficas que llegaron a superar los 500 litros por metro cuadrados en Orihuela y los 300 en prácticamente toda la comarca de la Vega Baja.
El informe de Aemet que recoge el dictamen concluye que se ha observado un cambio en los elementos del clima bajo los cuales se desarrollan las precipitaciones torrenciales, con un incremento de la temperatura del aire y superficial del mar que facilitan catástrofes como esta. El organismo añade que resulta razonable esperar una mayor recurrencia de las precipitaciones intensas.
A las propias características físicas de la zona, que es una llanura de inundación, el encauzamiento del río Segura ha asimilado a una parte de la población y a los responsables políticos y técnicos una sensación de falsa seguridad frente a los desbordamientos. Ello ha propiciado que el desarrollo urbanístico y de ubicación de edificios de servicios públicos en algunos municipios se haya llevado a cabo en zonas cada vez más cercanas al río, construyendo en zonas totalmente inundables.
Así, hasta la revisión del Patricova de 2015, cuando se señalaron las zonas de peligrosidad y riesgo, buena parte de la planificación urbanística municipal de la comarca se regía por normas anteriores a 2003 e incluso en la actualidad se plantean desarrollos urbanísticos de infraestructuras de servicios esenciales en zonas con elevado riesgo de inundación.
Según el documento se estiman 31.000 construcciones fuera de ordenación en la Vega Baja y unas 2.647 hectáreas ubicadas fuera de ordenación tienen algún riesgo mientras las infraestructuras de transporte se han vuelto más densas en los últimos 40 años y son poco permeables.
Estos cambios en los usos del territorio se han desarrollado en ausencia de instrumentos de ordenación y sin coherencia a escala comarcal en la ocupación del territorio, lo que ha contribuido a agravar las consecuencias y a convertir una inundación extraordinaria en una catástrofe.
Por eso el documento recomienda la necesudad de una planificación a más alto nivel de los espacios fluviales y las ramblas y no dejarlo a la organización local. También medidas de defensa de la función del regadío tradicional, el desarrollo de actuaciones necesarias para el rediseño, adaptación e impermeabilización de las infraestructuras viarias y de ferrocarril y de diferentes carreteras
Y hay consenso entre los expertos en la necesidad de ordenar eel suelo aplicando el principio de precaución y adaptando la ocupación del terreno a la peligrosidad para lo que es fundamental contar con instrumentos de ordenación territorial supramunicipales.
Además se constata que el clima está cambiando y las modificaciones operadas en el territorio aumentan la peligrosidad con una fuerte presión de intereses económicos y una perspectiva del territorio basada en el corto plazo y una escasa percepción del riesgo ocupación desordenada del territorio
Entre 1994 y 2014 se otorgaron 76 declaraciones de interés comunitario para actividades industriales o de servicios en suelo no urbanizable, de las cuales 37 estaban situadas en suelos con índices de peligrosidad. Falta disciplina urbanística y ausencia de ordenación del territorio, concluyen los expertos.
Y también se hacen necesaria una mayor conciencia del riesgo por parte de la ciudadanía, con campañas de concienciación para evitar situaciones como la de la Dana, una catástrofe para la que el Consorcio de Compensación tramitó 69.500 indemnizaciones por valor de 460 millones de euros.
El plan Vega Renhace del Consell recoge 28 actuaciones prioritarias agrupadas en cuatro ejes: infraestructuras hidráulicas, emergencia climática, desarrollo económico y de la ciudadanía para avanzar en la mejora.
El dictamen inicial partía de la propuesta de los grupos parlamentarios del Botànic, a la que se había sumado Ciudadanos, pero finalmente -tras más de tres horas de debate- recoge también la del PP, mientras que Vox, que había presentado un texto alternativo que ha sido rechazado, se ha opuesto al acuerdo al considerarlo "propagandístico".
El PP pedía que el texto final resolviera algunas deficiencias e incluyera el trasvase Tajo-Segura cuando habla de reducir la vulnerabilidad económica y social de la Vega Baja.
Por su parte, la diputada de Ciudadanos, María Quiles, ha explicado su adhesión al dictamen conjunto porque a su juicio "la única manera de sacar las medidas necesarias adelante es a través del consenso" y ha resaltado que la apuesta de su grupo es por "el trabajo y la política útiles".
La comisión ha acordado además que sea la presidenta de la comisión, Aitana Mas, de Compromís, quien defienda el dictamen en el pleno de Les Corts, que está previsto presentar a la Mesa de Síndics el día 8 de junio para su debate en la sesión de los días 16 y 17 del mismo mes.
El pleno de Les Corts aprobó, el 23 de octubre de 2019, la creación de esta comisión especial tras el episodio de inundaciones por la DANA que afectó sobre todo a los municipios de la Vega Baja, con el objetivo de establecer posibles actuaciones para reducir la vulnerabilidad de este territorio ante futuros fenómenos similares.
Para el desarrollo del plan de trabajo, la comisión preveía la realización de 99 comparecencias entre expertos, representantes de los ayuntamientos afectados, cargos públicos y técnicos de la Generalitat, portavoces de comunidades de regantes, sindicatos y plataformas ciudadanas de esta comarca alicantina, de las que solo 85 de ellas se materializaron.
El dictamen deja constancia del malestar de todos los miembros de la comisión por el hecho de que 9 comparecencias de cargos públicos y técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, declinaran participar en la comisión por considerar que Les Corts Valencianes se extralimitaban en sus competencias.
El documento detalla los efectos "catastróficos" que supuso el episodio meteorológico de la DANA en la Comunitat Valenciana, con precipitaciones "históricas" que inundaron la Vega Baja, y cantidades que llegaron a superar los 500 litros por metros cuadrado en Orihuela y los 300 litros por metro cuadrado en otras localidades del norte de Alicante, la Vega Baja y la Vall d'Albaida.
Recoge asimismo los informes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet); los factores que intervienen en el nivel de gravedad de las inundaciones den la Vega Baja; los criterios generales para la reconstrucción "post-Dana" y la prevención de inundaciones futuras, así como propuestas de actuación en infraestructuras y de ordenación del territorio, planes de gestión de emergencias por inundación y ayudas.
Concluye la comisión que uno de los aspectos que ha puesto de manifiesto la DANA de 2019 es la necesidad de "reforzar las capacidades materiales y humanas de las administraciones públicas" ante estas situaciones.
Lamenta "la deuda histórica y la infrafinanciación autonómica y municipal que sufre la Comunitat Valenciana, así como la imposición de reglas de gasto, de límites a la inversión de superávits presupuestarios y de tasas de reposición de funcionariado" como los "grandes obstáculos" que han de ser eliminados para garantizar el bienestar de las persona y la conservación del territorio de la Vega Baja.
Asimismo, la comisión insta a todas las administraciones públicas a aprovechar la oportunidad de financiación que suponen los fondos europeos de reconstrucción postcovid para llevar a cabo las actuaciones propuestas, algunas complementarias o sinérgicas con el Plan Vega Renhace.
