Un fondo buitre amenaza con desalojar a todos los vecinos de un edificio en 15 días

El 18 de mayo a las 18, una mujer desconocida llamó a la puerta de cada una de las vecinas del número dos de la calle Sogueros, en pleno barrio del Carmen de València. El objetivo; entregar una carta en mano. En un caso, incluso, se hizo pasar por la cartera de Correos para que le abrieran. Piso por piso, entregó la notificación: todo el mundo debe desalojar la vivienda en junio, porque empiezan las obras proyectadas por el nuevo propietario. La carta, de tono amenazante, llega a decir que «si no recibo noticias suyas antes del 26 de mayo, procederé a dar parte al servicio de bomberos para que sean ellos los que desalojen el edificio».

La mujer resultó ser la mediadora de la nueva propietaria de la finca, una empresa creada en agosto de 2020, cuyo administrador único es otra empresa creada en noviembre de ese mismo año, gestionada por un despacho de abogados que ya ha intervenido en compras de edificios por fondos de inversión en el pasado, como el de la calle Turia. Es toda la información que tienen las vecinas, aunque su nuevo dueño es «una nebulosa». Lo único que tienen claro es que el nuevo propietario les quiere fuera, y les ofrece hasta 18.000 euros a algunas para abandonar sus viviendas. Son nueve pisos con sus respectivos inquilinos.

Susa Plaza es diseñadora. Cuenta que nació en ese piso, al igual que su madre. Fue de hecho su abuela quien lo compró hace más de 100 años, y ahora ella tiene su taller ahí. Carmen Solís está jubilada y lleva toda la vida siendo su vecina. Más de 60 años en ese piso, al que llegó siendo una niña. Salvador Mateu, escenógrafo y exsombrerero, es en cambio el más joven, pero también lleva allí 15 años. En su barrio de toda la vida, con las vecinas de toda la vida.

Pero estas ofertas han sido lo de menos para los inquilinos, ya que han tenido que soportar meses de mobbing (acoso para que abandonen la vivienda). «A mí me llegaron a proponer que dejara de pagar el alquiler, y abandonara la vivienda con 3.000 euros», explica Mateu. En una reunión con la mediadora, cuenta que «no tenía derecho a réplica». «Me dijeron que iban a meterse con la reforma, y que era cosa mía si quería vivir sin ventanas y sin puerta», denuncia.

Para Lluís Mira, portavoz de Veïnat en Perill d’Extinció, este tipo de técnicas son propias de fondos de inversión, mucho más agresivos que particulares o bancos a la hora de desalojar a los vecinos. El terreno del edificio está dentro del Plan Especial de Protección (PEP), que protege el centro histórico de la proliferación de apartamentos turísticos. Pese a todo, Mira advierte que «en la práctica, el 70 % de la oferta en Ciutat Vella son apartamentos ilegales».

Vivienda no conocía la operación

Desde la Conselleria de Vivienda aseguran que no fueron notificados de esta operación, que podría entrar dentro del derecho de tanteo y retracto. La directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, aseguró que por el momento están recabando todos los datos, y han emplazado a las vecinas a una reunión el lunes.

«Que tengan claro que una carta de no renovación no significa que tienen que desalojar el piso inmediatamente», declaró Peris, que está estudiando si la vivienda y la operación de compraventa entran dentro de los requisitos del decreto.

Susa y Carmen llevan toda la vida, literalmente, en el barrio. Cuando se les pregunta si el centro de la ciudad se está convirtiendo en un parque temático contestan con un ‘sí’ rotundo. «El paisaje normal es ver a gente cargando maletas cada día, es un no parar». Dicen que cada día quedan menos viviendas con vecinas de toda la vida. El día que la mediadora entregó la carta a Carmen, ella cuenta que echó a correr escaleras arriba para hablar con su vecina, que le dio un vuelco al corazón. «Se quieren cargar a los vecinos del barrio de toda la vida, pero nosotras no nos vamos», sentencia Susa.

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