La Diputación de València ha acordado hoy asumir la gestión directa de las funciones de Divalterra 30 años después de la creación de la empresa pública de las brigadas, en un pleno extraordinario dominado por la crispación que ha transcurrido entre los reproches y las amenazas judiciales de la oposición y el equipo de gobierno. PP, Ciudadanos y Vox han votado en contra del dictamen, mientras que el ejecutivo ha sumado a La Vall ens Uneix al acuerdo después de que su diputado se abstuviera en la comisión informativa previa.

Durante su intervención, la portavoz de Cs, Rocío Gil, ha pedido posponer la votación después de advertir de que la documentación correspondiente se remitió a la oposición a través del gestor electrónico de expedientes un día después de la convocatoria del pleno. El PP se ha sumado a la solicitud. El secretario de la corporación provincial ha atribuido a un "despiste" el retraso en subir el informe que sustentaba la propuesta elevada al pleno, pero ha hecho hincapié en que todos los grupos eran conocedores con anterioridad del contenido del mismo y ha recomendado seguir adelante con la votación. En ese punto, Gil ha anunciado un recurso de reposición para intentar invalidar el acuerdo invocando un defecto de forma que a su juicio vulnera la Ley de Bases de Régimen Local.

La oposición ha puesto encima de la mesa más dudas jurídicas y ha extendido la sombra de nuevos procesos judiciales contra la decisión de cerrar Divalterra ahondando en la guerra declarada por los sindicatos de la diputación contra la incorporación a la plantilla de trabajadores procedentes de la empresa pública que no han superado ningún concurso selectivo. El diputado del PP, Vicente Mompó, ha hablado de lo que considera un "cierre precipitado" que generará "diferencias de trato" entre empleados. "No es normal cerrar una empresa sujeta a investigaciones penales y judiciales, puede parecer que la están obstaculizando", ha remachado, insistiendo en que ve poco motivada la disolución.

El presidente de la diputación, Toni Gaspar, ha recriminado a los grupos de la derecha su "falta de altura de miras" y les ha acusado de difundir "inventos" y "sospechas" de ocultación, echando en cara al PP el pasado de la empresa cuando se llamaba Imelsa y estaba regida por el "yonki del dinero". "Algunos vienen a la política a utillizar recursos y la Fiscalía porque son incapaces de aportar nada. Algunas veces han s ido los míos, pero ahora son ustedes", ha apostillado.

Gaspar ha iniciado el pleno recordando que, asumiendo la gestión directa de Divalterra, se garantizarán los derechos de los trabajadores, "incluidos los de la diputación y los de Divalterra, conforme dice la legislación". El presidente, que ha agradecido el respaldo de los funcionarios habilitados nacionales de la corporación al avalar el proceso, ha dicho ser el único que ha hablado en defensa de los empleados de la empresa pública. "Todo lo demás ha sido ruido".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Xavier Rius, ha dicho que el de hoy es "un día muy importante para la diputación" porque aclara el futuro laboral del personal de Divalterra después de haber sido "imposible" garantizar el funcionamiento adecuado de la firma "con su personalidad jurídica actual". En la misma línea, el diputado socialistas Carlos Fernández Bielsa ha acusado al PP, Cs y Vox de querer "embarrar" y "crispar a la opinión pública". "Este es un día grande para los trabajadores, que van a garantizar su futuro y su dignidad", ha coincidido el vicepresidente tercero, para el cual "no hay ninguna duda jurídica" sobre el cierre.