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La crispación enturbia el acuerdo para pasar página en Divalterra

El gobierno de la diputación suma a La Vall ens Uneix para vaciar la entidad de competencias después de 30 años

El presidente de la diputación, Toni Gaspar, durante el pleno extraordinario de ayer. | LEVANTE-EMV

Un pleno extraordinariamente tenso puso ayer punto final a la trayectoria de Divalterra como empresa paralela a la actividad de la Diputación de València después de una trayectoria de 30 años enturbiada por los escándalos judiciales recientes.

El acuerdo por el cual la corporación provincial asume las funciones de la mercantil y deriva al Consorcio de Bomberos el grueso de sus más de 600 trabajadores salió adelante con el respaldo del equipo de gobierno y La Vall ens Uneix y el voto en contra del PP, Ciudadanos y Vox, en medio de un clima de gran crispación que transcurrió entre amenazas de impugnación y duros reproches entre bloques.

Unos y otros se echaron las culpas del descenso a los infiernos de la entidad de las brigadas, agitando los fantasmas de las múltiples polémicas que esta ha protagonizado desde que figuraba inscrita como Imelsa y tenía al frente al «yonqui del dinero».

La portavoz de Cs, Rocío Gil, trató de extender la sombra de una posible nulidad sobre la resolución de ayer con el anuncio de un recurso de reposición por un defecto de forma: la oposición no tuvo acceso a los informes de la propuesta a través del gestor electrónico de expedientes hasta el martes, un día después de la convocatoria del pleno.

Gil planteó que la votación se pospusiera a otro día (petición a la que se sumó el PP), pero el secretario de la diputación no apreció ningún obstáculo legal para seguir adelante y recordó que todos los grupos conocían con anterioridad el contenido del informe en el que se sustentaba el acuerdo. El alto funcionario atribuyó el retraso en subir la documentación en la plataforma a un «despiste».

Respaldo jurídico

Las fuerzas de la derecha pronosticaron otros frentes judiciales contra la decisión adoptada ayer, haciéndose eco del malestar expresado por varios sindicatos de la diputación por la incorporación de personal que accedió a Divalterra (mayoritariamente en la época del PP) sin superar ningún proceso selectivo, a la espera todavía de que se afinen los detalles del proceso de trasvase, pendiente de negociación.

El portavoz del PP, Vicente Mompó, habló de «diferencias de trato» entre empleados y de un «cierre precipitado» e invocó los procesos judiciales a que afectan a la firma junto a informes de 2020 que no contemplaban el cierre como opción.

El presidente de la diputación, Toni Gaspar, echó en falta «altura de miras» y acusó a la oposición de difundir «inventos», «sospechas» y «ruido». «Algunos vienen a la política a utilizar recursos y la Fiscalía porque son incapaces de aportar nada. Algunas veces han sido los míos, pero ahora son ustedes», censuró Gaspar en alusión a la ofensiva judicial emprendida por el PP. La denuncia por la selección de la jefa de Recursos Humanos -uno de los argumentos de los populares para oponerse al cierre- fue ayer archivada por la Fiscalía. Gaspar insistió en que se garantizarán los derechos de todos los trabajadores conforme a la legislación y con el respaldo de los técnicos habilitados nacionales de la corporación.

El portavoz de Compromís, Xavier Rius, coincidió en que el acuerdo «aclara el futuro laboral del personal de Divalterra» después de que se haya demostrado «imposible» asegurar el funcionamiento adecuado de la firma «con su personalidad jurídica actual». El diputado socialista Carlos Fernández Bielsa acusó al PP, Cs y Vox de «embarrar» y «crispar» y afirmó que «no hay ninguna duda jurídica». El siguiente paso será nombrar a los liquidadores. Pero la conflictiva sombra de la empresa aún es alargada y no podrá dejarse atrás tan fácilmente.

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