Los nueve funcionarios de la Conselleria de Justicia expedientados e investigados ahora por la Fiscalía por haber accedido sin motivo al expediente de Rocío Carrasco tras la emisión del primer programa de la serie documental en la que ha desvelado el maltrato que sufrió a manos de su marido, tal como adelantó ayer El País, son trabajadores de oficinas de atención a víctimas del delito de la Generalitat Valenciana. Seis de ellos estaban destinados en València, dos en Alicante y uno, en Castelló.

Los nueve llevan más de un mes expedientados y apartados de sus funciones, ya que la conselleria considera muy grave su acción. Algunos de ellos incluso han pedido perdón durante la tramitación de los expedientes que la conselleria de Gabriela Bravo abrió de manera inmediata, en cuanto fue informada por el Ministerio del Interior de que se habían producido esas entradas irregulares en la base de datos Viogén, que almacena todos los casos de víctimas de violencia de género, tanto activos como inactivos, de toda España.

Fue precisamente el sistema de control de Viogén, que lanza alertas programadas en función de determinadas búsquedas, el que detectó esas entradas irregulares —cuya única finalidad parece haber sido el cotilleo—, a partir del 22 de marzo, justo después de que comenzara a emitirse en Telecinco el documental en el que la hija de Rocío Jurado contaba su dramática experiencia como víctima de maltrato.

No es la primera vez que se pilla a funcionarios consultando, o incluso haciéndose con archivos, de investigaciones sobre famosos que no son de su incumbencia. Ocurrió en 2008 tras la detención de Isabel Pantoja. En aquel momento, Interior investigó a cientos de policías y funcionarios de Prisiones, e impuso sanciones graves a muchos de ellos, tras ser sorprendidos fisgando esa ficha —que incluso trascendió—.

Por eso, la Secretaría de Estado solicitó que se comprobaran los registros informáticos de acceso al expediente de Rocío Carrasco en cuanto se tuvo conocimiento de que se iba a emitir la serie, lo que permitió detectar esas consultas irregulares, que siempre dejan rastro.

Por el momento, únicamente ha trascendido el acceso de los nueve funcionarios de Justicia, pero es altamente improbable que sean los únicos en toda España que hayan fisgado ese expediente. Fuentes de Interior dijeron ayer desconocer si hay más funcionarios que hayan caído en la tentación.

Viogén es un sistema dotado de muchos filtros en los que no todos los usuarios tienen el mismo nivel de acceso. En todo caso, la consulta está habilitada para un amplio número de trabajadores públicos tanto de administraciones locales, como autonómicas y estatales. Inicialmente, estaban acreditados policías y guardias civiles, así como personal de los juzgados y de la fiscalía, pero en la actualidad también pueden acceder funcionarios de servicios sociales o de cualquier organismo que atienda o esté en contacto con víctimas de violencia machista, así como el personal de Instituciones Penitenciarias.

Además de expedientarlos, Justicia puso los hechos en manos de las fiscalías de València, Alicante y Castelló. La de Alicante ya ha archivado los relativos a los dos funcionarios destinados allí al no detectar delito, y faltan por pronunciarse las otras dos.