Tres colaboradores del exconseller Rafael Blasco en la Conselleria de Solidaridad e Inmigración han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción en el que admiten los hechos a cambio de ser condenados a un año de cárcel. Un año y tres meses en el caso del empresario Augusto César Tauroni. Y un año en los casos del informático y la subsecretaria de la Conselleria de Solidaridad. Sin embargo, ha rehuido este pacto y aspira a que se celebre el juicio, según ha manifestado su defensa en el reinicio del juicio que tuvo que suspenderse el pasado 3 de marzo después de que uno de los acusados sufriera un infarto.
El exconseller, por su parte, ha pedido la nulidad de la causa porque los hechos enjuiciados se descubrieron tras el registro de una empresa implicada en la trama para el desvío de las ayudas a la Cooperación. Y los presuntos hecho enjuiciados no se plasmaron en un auto de la titular del Juzgado de Instrucción 21 de València lo que, según el abogado de su defensa, produjo indefensión al exconseller.
Los magistrados de la sección tercera han adoptado un receso de veinte minutos para deliberar sobre los hechos y decidir si se continúa con el juicio y de qué forma.
